(Foto AFP)
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Colombia aceleraba este miércoles las tareas de recuperación en Mocoa, arrasada por un alud que mató a 290 personas, mientras los órganos de control investigan si las autoridades locales omitieron labores de prevención y pueden tener parte de culpa en la tragedia.

La ciudad colombiana, enclavada en la Amazonía, se despertó este miércoles con el movimiento de camiones y maquinaria que removía tierra en busca de supervivientes de una tragedia que deja 290 víctimas fatales y 332 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos.

Más de 340 socorristas exploran lugares en los que se cree puede haber cuerpos, aunque muchas veces se retiran prontamente vencidos por el lodo y las piedras, y a la espera de que lleguen las máquinas a darles una mano.

De acuerdo con el ministro de Defensa y flamante gerente de la reconstrucción, Luis Carlos Villegas, son aproximadamente 2 mil 800 personas -unas 500 a 600 familias-  directamente damnificadas por la tragedia. Todas ellas permanecen en cinco albergues.

El gobierno realiza campañas de vacunación mientras, entre los escombros, la ciudad resucita. Se ve gente cocinando a leña en algunas esquinas, casas iluminándose con velas al caer la noche, además de camiones de agua yendo y viniendo.

Por momentos pasan camionetas que anuncian ayuda para animales heridos o que quedaron abandonados tras la avalancha. La Cruz Roja Colombiana reporta 341 casos de personas que buscan a sus seres queridos.

 – “Establecer responsabilidades” –

A la par de los esfuerzos para levantar la ciudad y encontrar desaparecidos, las autoridades han emprendido otro tipo de búsqueda: la de justicia.

“Hay que establecer responsabilidades (…) Pero no es el tema represivo, es el tema preventivo. De qué valen todas las sanciones que se impongan ahora, frente a 260, 270 muertos”, dijo el contralor general, Edgardo Maya, cuya entidad -que vigila la gestión fiscal y el manejo del erario- investigará posibles responsabilidades de funcionarios en esta tragedia.

Por su parte, la Fiscalía tiene previsto citar al actual alcalde de Mocoa y a la gobernadora de Putumayo, así como a sus antecesores, según versiones de prensa.

El fin de semana, el ente acusador ya había informado de la apertura de investigaciones para establecer si las autoridades locales y nacionales “cumplieron con su responsabilidad” de tomar medidas preventivas y correctivas ante tragedias originadas por la temporada de lluvias.

En tanto, la Procuraduría, que indaga las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, hizo un llamado para que se adopten medidas urgentes que puedan prevenir tragedias como la de Mocoa.

 – Robos a casas –

Cientos de personas reciben la ayuda en los albergues, pero otro tanto prefiere hacer guardia en sus derruidas viviendas para evitar el robo de lo poco que les quedó.

“Al otro día de la avalancha alcanzamos a sacar cosas. Ya cuando volvimos el mismo día por la tarde ya habían arrasado todo los ladrones (…) lo que no hizo la avalancha lo hicieron ellos”, contó a la AFP Juan Luis Hernández, de 33 años, en el destruido barrio San Miguel.

La comunidad ha alertado de saqueos en las viviendas abandonadas, por lo que el presidente Juan Manuel Santos pidió a la Policía fortalecer las medidas de seguridad.

A la salida de los barrios, la policía ya empezaba a preguntar a quien salía con enseres de dónde eran, en qué parte vivían y buscaban corroborar que las cosas fueran de propiedad de quien las llevaba.

El alud que se desató sobre la medianoche del viernes por el desborde de tres ríos tras fuertes lluvias afectó a unos 45.000 habitantes. En Mocoa viven unas 70.000 personas, dijo a la AFP la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca.

 – Resurgir –

Según un estudio, la tragedia de Mocoa podría repetirse en 385 sitios más de Colombia, y supera al último gran desastre natural que sufrió el país, un deslave en Salgar que mató a 92 personas en mayo de 2015.

El ministro Villegas aseguró que la construcción de las viviendas va a empezar en poco tiempo y que las primeras casas deben ser entregadas en los próximos 12 meses y estarán alejadas de zonas de riesgo.

“A través de la avalancha, los ríos nos dijeron dónde no se puede construir”, dijo en una entrevista al canal CM&. Algunos barrios deberán ser trasladados y la culminación de la infraestructura colectiva puede tomar hasta dos años, reiteró.

Para atender con celeridad el desastre, Santos ya decretó la emergencia económica, social y ecológica.

El gobierno pretende aplicar el mecanismo de “impuestos por obras”, para que el sector privado participe en la reconstrucción de infraestructura y luego descuente lo invertido de los impuestos.




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