106ª Conferencia Internacional del Trabajo -OIT 2017, Ginebra, Suiza. (Cortesía)
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El coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Servando Carbone informó que el Gobierno venezolano será llevado a examen por la Conferencia 106 Internacional de Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza, hasta el 16 de junio, debido a la reiterada transgresión al convenio 122 sobre políticas de empleo.

Este caso fue revisado en el año 2016, sobre el cual la Comisión de Normas sugirió una serie de recomendaciones que no fueron acatadas por el Ejecutivo nacional venezolano.

La Comisión de Expertos de la OIT emitió un informe en el que detallan el convenio sobre la política de empleo que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en la conferencia en julio de 2016, en la que se concluyó que el Gobierno de Venezuela debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT, antes de la conferencia internacional de Trabajo, para examinar los progresos alcanzados.

Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo venezolano, la Comisión lamentó que este no haya respondido a la recomendación de la Comisión de la Conferencia que permitiera examinar los progresos y cumplir con las conclusiones.

Según el articulo 1 y 2 del Convenio sobre el caso Venezuela, la Organización Internacional de Empleadores y Fedecamaras sostuvieron que no existe dentro de la planificación macro-económica, una política coordinada para la ejecución de planes de empleo.

La ausencia de una política coherente de empleo en el país, ha ocasionado un enorme crecimiento del índice de pobreza de 76% hasta el 2015.

El informe detalló que la falta de diálogo social en el país suramericano ha afectado de forma negativa en los niveles de empleo, observando que la tasa de actividad en abril de 2016 es menor que la reportada entre 2014 y 2015.

Según la resolución 9.855 del 22 de julio de 2016, enmarcada en el estado de excepción y emergencia económica declarado por el Gobierno de Venezuela, se estableció un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio par el re-impulso del sector agro-alimentario, que prevé a inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas, en otras empresas de este sector, distintas a las que generan la relación de trabajo originaria.

La OIT y Fedecámaras prevén que la resolución ministerial contempla la inserción temporal de trabajadores en aquellas empresas del sector que han sido objeto de algunas medidas especiales implementadas por el gobierno para fortalecer el sector alimentario, denominadas empresas “reqirientes”. Estas empresas pueden solicitar un número determinado de trabajadores provenientes de empresas del sector público o privado.

La Comisión reiteró su pedido al gobierno venezolano de transmitir información, incluyendo los concretos sobre la manera que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. (Globovisión)




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