(Foto Archivo)

La Fiscalía anunció este viernes que investiga la entrada a su sede de manera irregular de personas extrañas al Ministerio Público, una información que ofrece horas después de que medios locales reportaran del ingreso, a escondidas, de la vicefiscal nombrada por el Supremo, Katherine Haringhton.

Según los medios digitales locales, Haringhton, designada este martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que la fiscal general, Luisa Ortega, anunciara días antes el nombramiento de su vicefiscal Rafael González, ingresó a la sede del Ministerio Público (MP) en el maletero de un vehículo.

Este ingreso irregular se produce, además, un día después de Haringhton encontrara las puertas del MP cerradas al intentar ejercer su cargo desde este despacho.

Según medios venezolanos, Haringhton ingresó en el edificio dentro del automóvil de la fiscal Narda Dianette Sanabria, conocida por haber asumido la acusación en el juicio al opositor encarcelado Leopoldo López, y fue expulsada poco después del recinto por el personal de seguridad.

El comunicado de la Fiscalía cuenta que este organismo escrutará el comportamiento de Sanabria -a quien se refiere como exfuncionaria- para «determinar las responsabilidades penales correspondientes».

La fiscal general no reconoce la legitimidad de la designación de Haringhton, que fue nombrada por el Supremo al dejar nula la elección de González por supuestas irregularidades, mientras la titular del MP también desconoce al máximo tribunal.

Pese a sus orígenes dentro del oficialismo chavista, Ortega se ha convertido en los últimos días en una de las voces institucionales más vehementes contra el Gobierno y contra el Tribunal Supremo, acusado por algunos opositores de sumisión al presidente Nicolás Maduro.

Estos posicionamientos y las acciones legales que ha iniciado contra estos dos poderes le han valido a Ortega procesos legales en su contra bajo el argumento de que la funcionaria ha cometido «faltas graves» y el desarrollo de un antejuicio de mérito.

En el marco de este proceso, que pudiera separarla de su cargo, Ortega ha recibido medidas cautelares como la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de salir de Venezuela .

Además de impugnar la legitimidad del nombramiento de los jueces y hablar repetidamente de una ruptura del «hilo constitucional» en Venezuela, Ortega ha denunciado la existencia de «terrorismo de Estado» en el país, y ha recriminado a las autoridades haber convertido la nación en un «estado policial».

Las denuncias de la fiscal se realizan además cuando en el país se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales que han dejado 91 muertos, cientos de heridos y detenidos.




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