El II Congreso bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia comenzó hoy en Buenos Aires y contará con las presencias del procurador brasileño Paulo Carvalho y del exfiscal italiano del caso Mani Pulite Antonio Di Pietro, así como una videoconferencia con el juez del Lava Jato, Sergio Moro.
El Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia y la Universidad de Girona (España) organizaron en Buenos Aires la segunda edición de este Congreso que disertará sobre seguridad jurídica, pobreza y corrupción.
En representación del país anfitrión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano, asistió al acto inaugural y distinguió al exfiscal Pietro por el aniversario 25 del caso que llevó adelante: Mani Pulite, que sacó a la luz una inmensa red de corrupción en la que estaban implicados los principales partidos políticos de la época y grupos empresariales.
El italiano será uno de los oradores del evento en su último día, el jueves, y lo seguirá en videoconferencia el juez Moro, encargado del escándalo brasileño conocido como Lava Jato, desvelado hace más de tres años y por el que se investiga a políticos y ejecutivos de algunas de las empresas más importantes del país.
De esta manera, el Congreso sobre Seguridad Jurídica y Democracia tendrá en un mismo bloque, el último antes de su acto de clausura, las ponencias sobre el caso italiano y el brasileño.
En el acto inaugural del evento, Garavano dijo que Argentina tiene «dos desafíos» y esos son «la previsibilidad jurídica y la baja del nivel de impunidad».
«La pobreza y la corrupción explican nuestro fracaso como país», sentenció el ministro.
Sobre la pobreza, Garavano explicó que desde la Justicia se debe «tener seguridad jurídica que brinde previsibilidad en el país» para traer inversiones a Argentina.
«Este es uno de los puntos que hacen que un país sea desarrollado o no», agregó.
En cuanto a la corrupción, Garavano hizo hincapié en bajar el nivel de impunidad, llevar los procesos judiciales a la instancia de juicio oral «lo más rápido posible antes de que pasen 10 años» (el promedio que demora la Justicia) y «hacer que se cumpla la ley».
En este sentido, el ministro brindó datos para sustentar sus argumentos.
«El 70 % de los argentinos no cree en la Justicia», puntualizó Garavano en referencia a hechos delictivos conocidos por la población que no tuvieron condena firme.
A propósito de la falta de respuestas eficaces por parte del sistema judicial, el ministro añadió que «sobre 100 delitos menos de uno tiene una actuación efectiva en nuestro sistema».
