La base parlamentaria de Michel Temer, comienza desde hoy a cerrar filas para bloquear la nueva denuncia por corrupción contra el mandatario. (Cortesía)

La mayoritaria base parlamentaria del presidente brasileño, Michel Temer, comienza desde hoy a cerrar filas para bloquear la nueva denuncia por corrupción contra el mandatario, que este miércoles será analizada por la Corte Suprema.

Los once miembros del tribunal deberán decidir sobre la validez jurídica de los acuerdos de cooperación firmados por los dueños del grupo JBS, que fundamentaron una primera acusación contra Temer por corrupción pasiva y nuevos cargos por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, formulados la semana pasada por la Fiscalía.

El análisis fue exigido por la defensa de Temer, luego de que la propia Fiscalía anuló esos acuerdos tras determinar que el dueño de JBS, Wesley Batista, y otros ejecutivos del grupo mintieron en parte de sus testimonios o no pudieron probar muchas de sus afirmaciones.

El ahora exfiscal general Rodrigo Janot, que concluyó su mandato y fue sustituido este lunes por la procuradora Raquel Dodge, sostuvo al presentar la nueva denuncia contra el gobernante que, pese a la anulación de los testimonios, muchas de las «pruebas» que salpican a Temer aportan «indicios» de que incurrió en prácticas corruptas.

La decisión de Janot será sometida al pleno de la Corte Suprema, que según varios de sus miembros suscribirá la anulación del acuerdo de colaboración de JBS, aunque alberga dudas sobre la validez de la documentación que pudiera comprometer al presidente.

Si las supuestas pruebas fueran aceptadas, el Supremo remitirá el caso a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder.

Esas normas llevan el trámite a un terreno netamente político, en el que Temer ya se ha valido de su mayoritaria base parlamentaria para archivar una primera denuncia por corrupción pasiva presentada por Janot en base a las mismas declaraciones de los dueños de la cárnica JBS.

La nueva acusación es por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita y afecta también a dos ministros y otros influyentes «caciques» del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer.

Frente a la primera denuncia, en el PMDB hubo algunos sectores proclives a someter al gobernante a un juicio, lo que supondría su suspensión del cargo durante los seis meses que duraría el proceso.

Sin embargo, en esta ocasión, el PMDB ha cerrado filas y ahora no aparecen grietas en esa formación, que con 61 diputados mantiene la primera minoría en la Cámara Baja.

Tampoco parece haber discordias en el resto de la base de apoyo a Temer, que cuenta con poco más de la mitad de los diputados y basta para volver a bloquear las nuevas acusaciones.

«Si la primera denuncia sembró dudas, esta segunda es todavía más floja, por lo que si llegase al Congreso será rechazada», afirmó hoy el subjefe del grupo oficialista en la Cámara Baja, Roberto Mansur, del Partido Republicano Brasileño (PRB), que tiene 22 diputados.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que cuenta con 45 diputados que se dividieron frente a la primera denuncia, es otro que ahora se propone apoyar en bloque a Temer.

Aunque aún no se anunció oficialmente, fuentes de esa formación han dicho que el apoyo al gobernante ya fue acordado en una reunión que sostuvieron la semana pasada sus principales dirigentes.

En la minoritaria oposición, encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT), la nueva denuncia fue calificada de «gravísima» y se anunció un «gran esfuerzo político» para que se acepte en la Cámara baja.

El PT convocó «al pueblo, los sindicatos y las iglesias» a exigir en las calles «la salida de Temer», pero casi una semana después de conocida la nueva acusación no ha habido una sola protesta, pese a que las encuestas atribuyen al mandatario el rechazo de casi el 95 % de la población.

Para que la nueva denuncia sea aceptada por el Congreso serán necesarios 342 votos de los 513 posibles, pero el Gobierno asegura que su base responderá como lo hizo en agosto, cuando 263 diputados rechazaron los cargos, frente a 227 que pedían procesar a Temer. 




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