Grupos del exilio venezolano en Miami recibieron hoy como positivas las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) a funcionarios del Gobierno y sus familias, aunque temen que paguen algunos justos por pecadores.
Beatriz Olavarría, del movimiento Vente Venezuela, de María Corina Machado, aseguró a Efe que aplaude la medida porque cualquier persona que esté trabajando en el Gobierno es un corrupto, es un violador de derechos humanos.
Olavarría matizó, sin embargo, que se va a requerir de inteligencia para identificar a los funcionarios del Gobierno y sus familiares para que el decreto anunciado por EE.UU. no afecte la emisión de visas a otros venezolanos.
Este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, reemplazó su polémico veto migratorio a seis países de mayoría musulmana con una medida que impone restricciones a ocho naciones, a partir del próximo 18 de octubre, entre ellas Venezuela.
«Dentro de alguna medida tiene que haber un efecto colateral para la generalidad de los venezolanos», reconoció Olavarría al considerar que es una medida amplia y por lo tanto complicada para implementarla. Pero si eso frena algo, ya sirve.
En el mismo sentido se manifestó José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
«Aplaudimos la medida porque para nadie es un secreto que estos familiares de delincuentes que gobiernan se la pasan metidos aquí en EE.UU. comprando con el dinero de los venezolanos, porque para ellos no hay crisis», indicó a Efe.
Colina señaló que Veppex enviará este martes al Departamento de Estado de EE.UU. una lista con los nombres de 20 mil funcionarios, basada en datos oficiales venezolanos, para que la agreguen a sus bases de datos.
El dirigente del exilio explicó que la medida es muy clara, consistente y coherente con las últimas acciones frontales de Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque reconoció que las condiciones de visado para venezolanos ajenos al poder en su país pueden en cierta forma verse afectadas.
Patricia Andrade, presidenta de la organización de derechos humanos Venezuela Awareness, aseguró que el Gobierno estadounidense debe saber muchísimo de violadores de esos derechos, narcotraficantes y de otros delitos vinculados al Gobierno venezolano para atreverse a tomar esta medida.
Con ella coincidieron Colina y Olavarría, al señalar que si el Gobierno estadounidense decretó esa restricción es porque tiene mecanismos para cerciorarse y corroborar la información contra funcionarios del Gobierno de Venezuela.
Entre tanto, Carmen Giménez, presidenta de USA Refugees & Immigrants, lamentó que EE.UU. ahora va a escudriñar aún más a la hora de otorgar visas a los venezolanos en general, que ya tenían un alto índice de negación en los últimos años.
La activista dijo a Efe que las restricciones para funcionarios venezolanos y sus familias, aunque fundamentales para el tema de seguridad nacional en general, «es lo menos importante de esta medida» porque el Gobierno estadounidense ya ha llevado a cabo acciones contra estas personas.
La presidenta de USA Refugees & Immigrants dijo, sin embargo, que es un paso adelante para la posibilidad de que EE.UU. apruebe un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos.
Colina señaló que Veppex pedirá al Gobierno de Trump revisar el estatus migratorio y la estadía de aquellos funcionarios venezolanos y sus familias que ya se encuentran en EE.UU.
Andrade, quien calificó de positiva la medida, señaló que espera que esta sea retroactiva, al tiempo que no considera que represente algún riesgo para la emisión de visas de venezolanos que no estén vinculados al Gobierno.
«No es posible que vaya a algún lugar y nos los sigamos encontrando a los chavistas», indicó.
Según la orden de Trump, Venezuela está incluida porque su Gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública y, además, tampoco coopera en la recepción de sus nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos.
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