A punto de cumplir trece años en prisión, los 140 venezolanos detenidos en la isla de Trinidad insisten a través de sus familiares en que les otorguen el derecho a la repatriación y no han obtenido ninguna respuesta, a pesar de haber realizado recientemente una huelga de sangre que debieron suspender por temor a sus vidas.

Los familiares en Venezuela han entregado las solicitudes tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Relaciones Interiores sin recibir apoyo. Las autoridades de la isla tampoco se han pronunciado.

“En Cancillería solo nos hacen promesas que no cumplen”, dijo la madre de uno de los presos y agregó que cuando los representantes de la misión diplomática en la isla han visitado a los detenidos, ha sido para humillarlos y discriminarlos, sin prestarles la ayuda que por ley les corresponde a sus conciudadanos.

La semana pasada los presos suspendieron la huelga de sangre que habían iniciado como medida de protesta porque nadie les dio respuesta a su solicitud de repatriación.

La embajadora de Venezuela tiene dos años que no visita a los presos ni siquiera para entregarles los útiles personales,  que por norma les corresponden. “Son 12 años y 9 meses a la espera de una respuesta,  nos envían de un lado a otro y no resuelven nada. En Venezuela nos dicen que es el presidente de Trinidad quien tiene que ceder”.

La mujer explicó que los detenidos venezolanos son los únicos que no tienen comunicación con sus familiares porque en esa cárcel de máxima seguridad  instalaron un teléfono, entregaron tarjetas a la población penal, de todas las nacionalidades, y la única tarjeta que no funcionó fue la que recibieron los venezolanos.

En esa cárcel no permiten que los familiares les lleven objetos a los presos porque todo deben comprarlo en una cantina que está al lado del sitio donde reciben visitas.

En marzo pasado los venezolanos que desde agosto de 2006 están detenidos en Trinidad, enviaron una comunicación al Ministerio Público exponiendo la situación que confrontan y no les han dado respuesta.

En la comunicación suscrita por Darwing González y en la cual se anexan los nombres de los demás presos que padecen el mismo drama, piden al Gobierno venezolano que tramite su repatriación.

En la misiva señalan artículos del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) en los cuales se establece que el Ministerio Público debe iniciar los procedimientos pertinentes para la repatriación o extradición de los venezolanos.  “Nuestro caso no ha sido tomado en cuenta durante 13 años que nos hemos dirigido a los entes competentes, entre ellos la Cancillería, de la cual nunca hemos tenido respuesta sobre nuestro problema”, reza uno de los párrafos del comunicado.

En vista de la negligencia demostrada por las autoridades, las familias van a constituirse en un grupo para acudir ante los representantes del Gobierno.

Señalan que viajar a Trinidad representa un costo de 800 dólares el pasaje, además de gastos de permanencia, y debido a la crisis que hay en el país muy pocos están en condiciones de ir.




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