OEA (Foto-Archivo)

El papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) juega en el continente, hoy enfrentó a Chile y Bolivia tras la segunda jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ese tribunal deberá decidir si obliga a Santiago a negociar con el país vecino un acceso soberano al océano Pacífico.

El equipo jurídico de Bolivia citó hoy, durante el juicio, las once resoluciones que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó entre 1979 y 1989, en las que, de una u otra forma, pedía una solución a ambos países para resolver el tema marítimo.

En la primera de esas resoluciones se declaró que el conflicto revestía de un interés continuado hemisférico, cuya solución debía ser equitativa, dijo la representante legal de Bolivia Amy Sander, e incluir un acceso soberano al océano Pacifico para este país.

La abogada dijo que esas resoluciones no provocan obligaciones automáticas, pero sí deben llevar a las partes a actuar de buena fe para encontrar una solución, condición que, según Bolivia, el país vecino ha incumplido.

La referencia a la OEA fue criticada por la delegación de Chile, que hizo una declaración tras las sesiones en las escalinatas del Palacio de la Paz, sede de la CIJ.

El representante de Chile ante el tribunal, Claudio Grossman, dijo que Bolivia aplica un doble rasero respecto a la OEA, pues utilizó en sus argumentos jurídicos sus resoluciones al tiempo que, en la actualidad, su Gobierno critica a esa institución.

“Todos sabemos las declaraciones que ha hecho Bolivia respecto a la OEA y aquí la presentaron como una institución cuyo propósito es la decisión de controversia entre países soberanos”, dijo Grosmann, lo que contrasta con su posición oficial.

En los últimos tiempos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado públicamente la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en situaciones como la crisis de Venezuela o las elecciones de Honduras.

Por otro lado, Bolivia definió durante los alegatos orales como largos y continuos los intercambios diplomáticos que tuvo con Chile a lo largo del siglo XX para resolver el tema marítimo.

“Chile declaró en notas que está dispuesto a entablar una negociación directa”, dijo el representante de Bolivia, Antonio Remiro Brotóns, que puso como ejemplos los intercambios diplomáticos hechos en 1920, 1950 y 1975.

En los de 1950 el lenguaje utilizado fue muy claro, dijo Brotóns, que citó una declaración de Chile en la que aseguraba estar dispuesto a entrar formalmente en negociaciones con el objetivo de satisfacer la fundamental necesidad boliviana de acceder de forma soberana al océano Pacífico.

Bolivia también expuso ante los jueces dos decisiones del alto tribunal de la ONU, de 1974 y 2013, que servirían como antecedentes para determinar que los intercambios diplomáticos establecen a posterior una obligación a negociar, algo que Chile niega.

“Las promesas de Chile para negociar son vinculantes”, dijo el representante de Bolivia Payam Akhavan, pues estas llevarían a un acuerdo tácito.

Sin embargo, Grossman dijo que se sorprendió por lo poco riguroso del análisis jurídico de Bolivia, pues a su juicio se trataba de una suma de peras y de manzanas porque algunas declaraciones argumentadas por Bolivia eran de carácter político, mientras otras simples conversaciones entre diplomáticos.

Chile está ante un tribunal que tiene que aplicar el Derecho a los hechos, dijo Grossman, no delante de una corte de carácter histórico o de conciliación.

En la misma línea, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, afirmó que Bolivia construyó una narrativa continuada, que está alimentada de citas, de notas y de declaraciones las cuales están fuera de contexto y desvirtúan la historia real.

Bolivia perdió a finales del siglo XIX, tras la Guerra del Pacífico, unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en favor de Chile, que venció el conflicto.

Según Bolivia, Chile se comprometió posteriormente a negociar su eventual acceso soberano al mar, pero estos intercambios no habrían sido de buena fe y están paralizados desde el año 2011, razón por la cual ha denunciado al país vecino ante el alto tribunal de la ONU.

Los alegatos orales continuarán el jueves y el viernes con la intervención de Chile, que tendrá seis horas para exponer sus argumentos, y el juicio seguirá el lunes de la semana venidera y concluirá el miércoles 28.

La decisión final de los jueces se espera para finales de este año o principios de 2019.




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