MagistradoPerkins Rocha considera que es el momento de la ciudadanía para salir del atolladero en que se encuentra el país (Foto Angel Chacón)

“Nicolás Maduro está suspendido e inhabilitado, por incapacidad para ejercer sus derechos políticos. Las denuncias de la fiscal y del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por el caso de Odebrecht son claras evidencias. Y alguien tiene que asumir la presidencia. La respuesta la tiene la Asamblea Nacional, que desató esta circunstancia por tomar la decisión de continuar la querella constitucional contra el mandatario”, expresó el ex magistrado Perkins Rocha.

La posición de jurista, experto en derecho público, administrativo y procesal, la dio a conocer durante su participación en el foro “Juicio a Maduro”, organizado este viernes por el Frente Amplio Venezuela Libre en el Colegio de Abogados de Carabobo, donde se reunieron personalidades de la región, el Bloque Parlamentarios de Carabobo y representantes del sector económico de la región.

El ex magistrado recordó que contra el presidente Maduro se inició una querella penal internacional por corrupción por parte de un tribunal venezolano, que fue forzado a sesionar en el exterior pero que es reconocido por la OEA, ONU, parlamento europeo, además de Colombia, Panamá y Suiza, que puso a la vista todas las cuentas ligadas a personeros venezolanos.

El TSJ en el exilio es un caso inédito, según Rocha, quien observó que por el hecho de encontrarse en el exterior, sus decisiones son válidas. “En Venezuela existen precedentes reconocidos por el ordenamiento jurídico”, expresó el jurista, catedrático de la UCV y también de la Universidad Arturo Michelena de Valencia.

Por este caso, considera que jurídicamente el presidente no puede postularse a ninguna elecciones y tampoco éstas tendrían validez, porque no han sido convocadas por ningún ente electoral, sino por Maduro. “¿Quién las convoca? ¿Y si no hay presidente, quién gobierna?, ¿Quién debe asumir la presidencia?”, fueron las dudas que trajo el ex magistrado, quien esta vez dijo que no traería respuesta, más bien que cada ciudadano se interrogue sobre cuál debería ser su papel en este momento crucial.

La respuesta, según Rocha, la tiene la AN y los ciudadanos también deben buscarla. Ya se terminó el tiempo de que siempre se les de las respuestas. Los ciudadanos tienen la palabra, están acostumbrados a que otros tomen las decisiones. Se trata de formarse, de capacitarse y cada quien debe asumir su trabajo. Los ciudadanos haciendo valer sus derechos, tomar la iniciativa a ejercer sus derechos y los políticos haciendo su trabajo. Y si los caminos se interrumpen, tomar las opciones constitucionales. La resistencia civil, que no es más que otra cosa que estar abiertos a otros caminos para salir de este atolladero”.

La Constitución Nacional es muy clara, dijo el ex magistrado. “Estamos esperando las ruinas del país para reconstruirlo. debemos empezar ya, las personas tienen que documentarse, formarse, para reclamar sus derechos, como también para asumir sus tareas”.

Validez del TSJ en el exilio

Precisó Rocha que la decisión tomada por la AN es una querella penal exclusivamente orientada a verificar la existencia o no de actos delictivos que encuadran dentro del tipo penal de corrupción propia, establecida en el código penal. “No se trata de juzgar la gestión política, sino de precisar si como ciudadano en el ejercicio de sus funciones tanto como presidente y en su pasado de canciller, ha participado en actos delictuales”.

El ponete explicó que la invocación que hicieron los magistrados designados por la AN, forma parte de lo que la Convención de Palermo califica como delitos económicos trasnacionales, que envuelve a más de un estado en la materialización de un hecho delictual.

“De allí la transcendencia internacional que tiene esto y Venezuela está suscrita a esta Convención, un pacto internacional que fue suscrito en 2000, propuesto por las Naciones Unidas en la cuidad de Palermo Italia”.

Rocha hizo referencia a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, que el año pasado fue juramentado por la AN y el pasado lunes 9 de abril solicitó autorización para continuar un juicio contra Maduro, por el caso de la pérdida de dos billones 500 mil dólares en 13 obras que quedaron inconclusas y que le fueron asignadas a la empresa Odebretch, entre ellas construcciones del Metro de Caracas.

El experto dijo que el antejuicio de mérito ocurrió con motivo de una decisión por un tribunal “legítimo en el exterior conformado por venezolanos que encaja en la autorización parlamentaria”.

La decisión del TSJ en el exilio y de la AN tienen completa validez, argumentó el jurista, al activar el parlamento europeo el acuerdo de Palermo, suscrito por 170 países de la ONU, para asistir a la fiscal Luisa Ortega Díaz en el juicio contra Maduro.

Y aunque considera que Venezuela se ha convertido en un estado forajido, en que no se respeta la constitución ni los acuerdos internacionales, los ciudadanos tienen el poder y es el momento de hacerse sentir. ¿De qué manera? “La Constitución es muy clara”, insistió el ex magistrado, tiene que ver con la formación ciudadana.




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