El caso de Linda Loaiza López Soto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un mes por la denegación de justicia sobre el episodio más atroz de violencia de género ocurrido en Venezuela. De hecho, uno de los principales argumentos esgrimidos ante el máximo tribunal hemisférico es la violación del debido proceso como un mecanismo de revictimización y, en definitiva, de impunidad.
El fiscal Jesús Gerardo Peña solicitó el 18 de noviembre a la Sala Constitucional resolver el recurso de revisión que el Ministerio Público interpuso en diciembre de 2015 para anular las sentencias que absolvieron del delito de violación al agresor de López Soto, Luis Antonio Carrera Almoina, y juzgarlo de nuevo.
El 22 de mayo de 2006 la jueza determinó que estaba suficientemente probado que la víctima había sido objeto de un abuso sexual violento y no consentido, pero no que el autor fuese Carrera Almoina. La benevolencia de Cadiz permitió que la pena impuesta al agresor se redujera a seis años y un mes de cárcel.
En términos procesales, con el cumplimiento de la pena que se le impuso, Luis Alberto Carrera Almoina saldó cuentas con la justicia. La Fiscalía no sabe si tuvo alguna restricción para salir del país y, en ese sentido, pudo ir a cualquier lugar del mundo para mantenerse a buen resguardo.
