Familiares del ingeniero Simón Lozada (30) y de los técnicos Gustavo Adolfo Toussaint (26) y Julio Gámez (22), hacen un llamado a las altas autoridades del país para que sean detenidos los funcionarios del Cicpc señalados de haberles quitado la vida a los tres trabajadores cuando reparaban un ascensor en el edificio El Puente, de la avenida Fuerzas Armadas, el 17 de febrero de 2017.

Los funcionarios simularon un enfrentamiento, les “sembraron” una escopeta, un revólver, una pistola y unas franelas con emblemas del Cicpc; y sustrajeron del carro numerosas pertenencias de las víctimas, como una laptop, tarjetas, documentos de identidad, herramientas de trabajo, etc.

El Tribunal 13 de Control de Caracas dictó privativa de libertad contra el inspector Joel Jesús Amador Castillo y los detectives José Gregorio Figuera Hernández y Rafael Enrique Aguilar García, por los delitos de homicidio calificado cometido con premeditación y alevosía por motivos fútiles, simulación de hecho punible y uso indebido de arma orgánica.

Los funcionarios apelaron y la Corte Tercera de Apelaciones a cargo de la juez Judith Coelho falló a su favor y quedaron en libertad bajo presentación periódica, cada 8 días.

Contra dos de los funcionarios hay un expediente en el Tribunal 29 de Control de Caracas, por la desaparición de cuatro jóvenes que fueron detenidos en el año 2014 en Palo Verde. Los familiares de las víctimas han acudido a diferentes instancias, sin encontrar una respuesta sobre el paradero de los muchachos que andaban a bordo de un jeep.

El ingeniero Lozada vivía en Catia y era propietario de la empresa de reparación de ascensores. Sus dos empleados estaban haciendo la reparación y lo llamaron para que los ayudara porque no lograban dar con la falla del elevador.

El 13 de junio estaba programada la reconstrucción de los hechos y cuando los funcionarios llegaron al edificio estando todas las autoridades presentes, se negaron a participar en el acto judicial.




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