Ante los miembros de la comisión de la Organización de Naciones Unidas que organiza la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, los policías metropolitanos expusieron lo que ha sido una constante en su caso: La denegación de justicia y la tortura en la que se han convertido los 16 años de prisión por delitos no cometidos.
Familiares de los policías metropolitanos contaron como dos representantes de Bachelet estuvieron este miércoles en Ramo Verde. Fueron acompañados por el director general del Servicio Penitenciario Militar, general Carlos Miguel Yánez Figueredo, quien intentó evitar la comunicación con los reclusos.
Los funcionarios recorrieron varias áreas de la cárcel de Ramo Verde, pero a los privados de libertad los encerraron. Solo pudieron hablar con ellos, a través de la reja, los recluidos en el piso dos, y los del piso cinco, donde están los metropolitanos.
Según los familiares, los policías de la extinta Policía Metropolitana, condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002, expusieron a los funcionarios de la ONU la denegación de justicia que ha imperado en sus casos y que los mantiene tras las rejas, pese a ser beneficiarios de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, que establece el Código Orgánico Procesal Penal.
El comisario Marco Hurtado y el cabo primero Arube Pérez, condenados a 16 años y 8 meses de prisión y a 7 años y 10 meses, respectivamente, tienen todas las medidas alternativas al cumplimiento de la pena están vencidas. De hecho, ambos son beneficiarios de la medida de redención de la pena por estudio y trabajo, que conmuta un día de cárcel por cada dos días de estudio y trabajo. De haberse aplicado ya deberían estar en libertad, por lo que hoy están ilegalmente presos debido al silencio que ha operado en tribunales ante las reiteradas solicitudes de reconocimiento a este beneficio.
En los casos de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, cuyas condenas alcanzaron los 30 años, ya son beneficiaros de la medida de libertad condicional. Aún están esperando.
Los metropolitanos dejaron claro a los funcionarios que en sus casos ha privado la política. Los familiares detallaron como ellos narraron a los miembros de la ONU la respuesta de la jueza a una de las innumerables solicitudes de reconocimiento de los derechos procesales contemplados en la ley: «Cuando reciba una llamada de arriba los dejaré en libertad, mientras tanto no puedo hacer nada».
Las esperanzas de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, condenados a 30 años de prisión; así como de Marco Hurtado y Arube Pérez y de los familiares de estos funcionarios están puestas en las diligencias que como alta comisionada de los Derechos Humanos pueda realizar Michelle Bachelet. También las de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas y del sargento Luis Rodríguez, quienes están en sus casa con medidas humanitarias o casa por cárcel por padecer de graves enfermedades. Si ella se interesa en el caso, la tragedia que estos 9 funcionarios podría terminar.
Compartir con sus esposas e hijos es el mayor anhelo de estos chivos expiatorios del régimen, los que recibieron la condena por 2 de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, mediante un expediente que los exoneraba de responsabilidades en esos decesos, pero que no los libró de la mano implacable de Maryorie Calderón, la juez que contra todo pronóstico los condenó.
