mini carceles
Los calabozos en las comandancias policiales dejaron de ser transitorios. (Foto: Sául Zerpa)
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Un total de 17 presos han fallecidos en centros de detención preventiva del país, entre el 1° de septiembre y el 1° de diciembre de 2016. Ocho de estas muertes se produjeron por desnutrición y enfermedades infecciosas y contagiosas como tuberculosis y amibiasis, ocho fueron casos de asesinatos y uno correspondió a un suicidio.

Así lo revela el informe Centros de detención preventiva: Entre la violencia, el hambre y el hacinamiento, que presentó esta semana la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.

El estudio constituye el resultado de un trabajo de monitoreo sistemático y exhaustivo, de la situación de los centros de detención preventiva que inició Una Ventana a la Libertad en septiembre de 2016.

Contiene información sobre el estado de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud y al debido proceso, en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país.

Hacinamiento

El informe reveló que estos centros de detención preventiva tienen una capacidad para albergar a 1995 privados de libertad, pero en la actualidad acogen a 7 mil 546 lo que implica que hay una sobre población de 378%. Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el espacio que debería ocupar una sola.

De igual forma señala que cerca de 2 mil 458 detenidos (el 32,57% del total de los presos, que se mantienen recluidos en centros de detención preventiva), ya fueron procesados y, sin embargo, no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

El 57% de los centros no posee comedor, el 60% no cuenta con espacios para el aseo de la ropa, el 56% no posee áreas recreativas, el 50% carece de zonas para recibir visitas, el 34% no tiene servicio de recolección de basura y el 12 % no ofrece servicios higiénicos a los presos.

Sólo 21 de los 87 centros abarcados en el estudio, que representan el 24%, cuentan con acceso al agua potable.

La acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la inexistencia de espacios para el lavado de la ropa, generan una situación de caos propicio para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, que puede poner en peligro la vida de los detenidos, como de hecho ocurrió, advierte el estudio.

Aunque en la mayoría de los incidentes documentados fueron identificados como responsables personas privadas de libertad (en el 55,56% de los hechos), Una Ventana a la Libertad advierte que el Estado tiene responsabilidad, por la falta de acciones para atender los problemas estructurales, como el hacinamiento, el uso de los centros de detención preventiva como lugares de reclusión de largo plazo, sin contar con la falta de insumos y de infraestructuras adecuadas.

“También se observa la responsabilidad por omisión del Estado en asuntos más estructurales, como el agudo hacinamiento que se registra en los retenes policiales, los retardos para procesar o trasladar a los privados de libertad  a sus centros definitivos de reclusión; lo que deriva en desbordamiento de la capacidad física de los centros de detención preventiva y la falta de insumos fundamentales como alimentos y medicinas, que crean caldos de cultivos perfectos para motines, fugas, riñas, o daños en la salud de los detenidos”, destacó Una ventana a la Libertad en el informe.

La organización instó a las autoridades penitenciarias del país a “eliminar el uso de los centros de detención preventiva como centros de reclusión, por cuanto no reúnen las condiciones de infraestructura, sanitarias ni espaciales”. “Tampoco cuenta con la previsión presupuestaria ni de insumos médicos ni alimentarios, para albergar a privados de libertad por más de 48 horas”, destacó la organización como una de las conclusiones del informe.

De igual forma, la organización puso los resultados del estudio a disposición de las autoridades penitenciaras del país, como insumo para la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas de los centros de detención preventiva.

La organización espera que el diagnóstico realizado sirva como insumo para la búsqueda de soluciones efectivas, en la que prevalezcan el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, de sus familiares y de los miembros de los cuerpos de seguridad que cumplen funciones de custodia dentro de estos recintos, señaló Una Ventana a la Libertad en el informe.

El informe que se presenta en el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que recuerda, cada 10 de diciembre, el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948.

Nota de prensa.




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