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Luis Alejandro
Borrero | lborrero@el-carabobeno.com

 

Vienen preparados. Son los fiscales de la Superintendencia
de Derechos Socioeconómicos (Sundde), o como les llama Guillermo Manosalva: los
comisarios políticos. Cuando entran a un local para hacer una inspección,
tienen debajo del brazo carteles rojos: “30%, 40% y 50% de descuento”, aún sin
saber qué van a encontrar. Detrás del mostrador un comerciante respira
profundo. Es una arremetida permanente, sostiene el presidente de la Cámara de
Comercio de Valencia.

Este lunes entró en vigencia la reforma a la Ley de Precios
Justos, anunciada el 26 de octubre por Nicolás Maduro. Pero en Valencia su
aplicación empezó antes. 380 comercios han sido fiscalizados desde la
notificación presidencial. Es decir: 25,3 fiscalizaciones por día. Los
sectores  más afectados han sido el
textil y calzado, lamentó Manosalva en conferencia de prensa.

Los resultados son trágicos. En 15 días desde la reforma, en
los establecimientos visitados —que representan el 12,6% de la fuerza comercial
de Valencia— los inventarios se redujeron 50%. Los comisarios vestidos con
chaleco marrón, gorra y carnet con tira roja, obligan a vender de inmediato a
precio preferencial mercancía que importaron con dólar libre.

En la nueva ley está prohibida la adquisición de productos
con dólar que no sea a tasa Sicad o Simadi. 
Algo que no estaba descartado expresamente antes de la reforma. Los
comerciantes tienen que ser sinceros, expuso Manosalva. “Les pedimos que digan
claramente al Gobierno que ellos compraron con tasa libre en el momento en que
estaba permitido”.

Los comandos “anti extorsión y atropellos” están
conformados. El centro de llamadas está a disposición de quienes necesiten
asesoría jurídica del doctor Fernando Fachín, coordinador del comando en
Carabobo y abogado de la Cámara. La fundación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo también podría asesorar a
los comerciantes.

Reponer los inventarios será muy difícil. La Cámara prevé
desabastecimiento en 85% para el año que viene. Febrero y marzo de 2016 serán
meses claves, actualizó Manosalva este martes. Lució preocupado y rechazó que
la reforma no haya sido consultada con los implicados directos.

Las fiscalizaciones son intimidantes. No tienen amparo legal
desde el punto de vista represivo, advirtió el vocero. Se actúa sin prestar
atención a disposiciones previas de la propia ley, como la importación a dólar
libre. El enfrentamiento es constante: “Esto apenas comienza”.




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