Dayrí Blanco
Eduardo Villamizar tiene seis meses en constante incertidumbre. No sabe en qué etapa está el VIH en su organismo. Sigue bajo un tratamiento que quizás no sea el adecuado solo porque al país no han llegado los reactivos para la prueba de carga viral que debe realizarse. Es un retardo que se puede traducir en el agravamiento de su condición hasta causarle la muerte.
La historia se repite cada día en 500 personas portadoras del virus en Carabobo que siguen a la espera para iniciar o cambiar sus tratamientos. En octubre fue la última vez que se importaron estas sustancias. El Ministerio de Salud es el ente encargado de la compra y distribución de estos químicos para que el estudio se haga de manera gratuita, señaló Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid). En laboratorios privados un paciente debe gastar entre nueve mil y 14 mil bolívares.
Pero no se trata del único grupo de pacientes afectados. Cada mes llegan a las diferentes dependencias regionales los antirretrovirales con retraso. Por cada día de incumplimiento alrededor de 400 personas con VIH positivo suspenden sus tratamientos. En marzo el retardo fue de dos días, en ocasiones el suministro se hace hasta tres días después.
La consecuencia de la intermitencia en el cumplimiento de las dosis es que el paciente haga resistencia a los fármacos. “Eso complica cada vez más la situación”. Este mes 850 personas interrumpieron el tratamiento por esta causa.
No solo los portadores del virus están en crisis. La escasez de productos ha ocasionado que niños de cero a seis meses no reciban la alimentación adecuada ante la imposibilidad de sus madres con VIH de amamantarlos. Pero algunas lo están haciendo. “Prefieren contagiar a sus hijos con la enfermedad que dejar que mueran de hambre”.
La decisión de no importar más kits de bioseguridad desde el año pasado ha complicado el estado de salud de estos pacientes que requieren cirugía, porque los médicos se niegan a practicarlas sin las condiciones mínimas para evitar contagio.
