Un total de 59 violaciones a la libertad de expresión se registraron en enero. Detenciones arbitrarias, migraciones forzadas para la protección de periodistas, suspensión de programas, vetos y despidos arbitrarios fueron la norma en el primer mes de 2019.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció que la libertad, la seguridad y posibilidad de informar y opinar abiertamente estuvieron en riesgo para el gremio periodístico en Venezuela en el inicio de 2019.
El IPYS exigió garantías de seguridad, así como condiciones para la la libertad de expresión e información, tanto de los periodistas como de los ciudadanos»El periodismo es un oficio de servicio público que debe ser salvaguardado en cualquier circunstancia política, económica y social».
Según IPYS, Venezuela manifiesta estas preocupaciones debido a que el totalizador de enero de 2019 marcó 59 violaciones a la libertad de expresión.
En el estudio resaltó la migración forzada como medida para protección de un periodista, las detenciones arbitrarias por parte de las cuerpos de seguridad del Estado, que acumularon 11 casos, siete de los cuales afectaron a corresponsales extranjeros. «Posterior a los 16 incidentes que afectaron la labor informativa entre el 23 y 24 de enero, el silencio tomó los espacios de la radio y la televisión a través de decisiones de censura personalizada. «Suspensión de programas, vetos de periodistas y despidos arbitrarios se hicieron presentes. Fueron 31 días, en los que ocurrieron también hechos violencia durante la cobertura de manifestaciones y agravios digitales».
Forzado a migrar
Germán Dam, periodista del estado Bolívar, denunció el lunes 4 de febrero a través de su cuenta de Twitter que una orden de captura en su contra lo obligó a migrar de manera forzosa de Venezuela.
En conversación con IPYS Venezuela, Dam explicó que planeaban denunciarlo por “violencia de género y escarnio público” luego de publicar un tuit con las identificaciones de las juezas que procesan los casos de los detenidos durante las protestas ocurridas en el estado Bolívar desde el 23 de enero.
El periodista publicó en su cuenta personal (@GEDV86) los nombres y las fotos de las juezas que vulneran el derecho al debido proceso contemplado en la Constitución de la República, al impedir que los detenidos durante las protestas en Ciudad Bolívar y Upata reciban defensa privada o asistencia de Organizaciones No Gubernamentales.
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