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Un total de 6.831 arrestos con fines políticos ocurrieron en Venezuela en los últimos tres años, de los cuales 109 personas permanecen encarceladas y son consideradas «presos políticos» por la ONG Foro Penal, según un informe divulgado este viernes.

El director de la organización, Alfredo Romero, precisó en rueda de prensa que en 2016 se reportó la mayor la cantidad de detenciones, un 48% del total de los casos registrados desde 2014.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro niega la existencia de «presos políticos», Romero contabiliza 109, de los cuales 55 fueron encarcelados este año, por lo cual aseguró que hubo un incremento de la represión.

Según Foro Penal, este año fueron liberados 37 personas detenidas por fines políticos, 10 de ellos tras iniciarse en octubre un diálogo con la oposición bajo el auspicio del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

«Mientras unos salen otros son encarcelados», aseveró Romero, quien define esta situación como el «efecto puerta giratoria».

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que congeló el diálogo el pasado 6 de diciembre alegando incumplimiento de los acuerdos por parte del chavismo, exige la liberación de todos los políticos presos.

Para el abogado, el diálogo ha traído como consecuencia un incremento del número de presos políticos, pues considera que el gobierno los utiliza para canjearlos por beneficios políticos o para obligar a la oposición a que se siente para exigir precisamente la liberación.

En las cuentas de Foro Penal, Maduro ha sido más represivo que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), cuya máxima cifra de arrestos con fines políticos en un año fue de 253, mientras que de «presos políticos» fue de 49.

«Cuando Maduro llega (al poder en abril de 2013) había 13 presos políticos», señaló.

En el balance de 2016, Foro Penal también cuenta a dos personas fallecidas en manifestaciones, 167 heridos de los cuales siete fueron con armas de fuego, y «siete casos de tortura de retenidos» en calabozos del servicio de inteligencia gubernamental.

El gobierno considera a Foro Penal y otras ONG de derechos humanos vinculadas con la oposición y las acusa de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra Venezuela, al tiempo que asegura que los detenidos han atentado contra la seguridad del país.




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