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El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ) presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia formulada inicialmente por Hebert García Plaza, donde mostró pruebas que acusan a cerca de 60 funcionarios del gobierno venezolano de participar en crímenes de lesa humanidad.

Entre los funcionarios acusados se encuentran el presidente Nicolás Maduro; el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami; el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ex comandante general de la GNB, Antonio Benavides Torres; y el ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.

Las personas ideológicamente contrarias a su proyecto serán dominadas, movilizadas o destruidas. Todo con el propósito de hacer dicha revolución irreversible, señala el texto de la denuncia.

La decisión de acudir ante la Corte Penal Internacional (CPI) fue tomada por la Sala de Casación Penal del TSJ, al verse imposibilitada de asumir directamente denuncias introducidas por individuos particulares. Según las leyes vigentes en el país, esa función pertenece exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, explicó el presidente de la Sala de Casación, José Troconis Da Silva, en una conferencia de prensa realizada el lunes en Miami.

El documento añadió que al menos unos 20 millones de venezolanos podrían verse obligados a abandonar el país, correr el riesgo de morir por mala alimentación y falta de medicamentos o ser encarcelados o asesinados por las fuerzas del gobierno.

Además señaló que los documentos anexos a la denuncia presentada establecen que la polarización en Venezuela es el resultado directo de políticas establecidas por el régimen.

Con información de el Nuevo Herald 




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