Dayrí Blanco
Siempre hay algo qué hacer. Mover un estante de lugar, hacer la vitrina más llamativa con poca mercancía para exhibir y tapar espacios vacíos. Atender a los clientes ya no figura en la lista porque no tienen que vender. Sin inventario y con fiscalizaciones asociadas a multas que inducen a la quiebra, el cierre definitivo de dos mil 800 comercios en Valencia es la proyección para recibir el 2016. Esto se traduce en ocho mil 400 personas que dejarán de intentar recuperar las ventas y que se quedarán sin trabajo.
Todas las condiciones están dadas para que esa cifra sea una realidad. Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio, alertó que los números serán más dramáticos al culminar el primer trimestre del próximo año, cuando el 50% de los 18 mil 500 negocios instalados en el municipio tengan sus santamarías abajo, lo que es igual a más de 27 mil nuevos desempleados en la ciudad.
Desde el 27 de septiembre, una semana antes que se publicara en gaceta extraordinaria la reforma de la Ley de Precios Justos, las fiscalizaciones han sido cada vez más agresivas. Los funcionarios de la Sundde llegan con sus carpetas bajo el brazo, llenas de carteles que reflejan descuentos obligados que van desde 20% hasta 50%.
Bs 1.500.000 En Multas
800 establecimientos en Valencia han sido sometidos a este plan. La mitad de ellos ha sido forzada a bajar sus precios y 70 han recibido multas que en la suma representan un millón 500 mil bolívares. Se trata de una ley “altamente punitiva” que ha causado afectaciones directas en mercados como el de la Candelaria (Periférico) y otros como el Mayorista en San Luis de Tocuyito.
Las multas se han impuesto bajo el pretexto de acaparamiento, cambio de etiquetas o por supuestas ausencias de precios. “Los operativos se efectúan los fines de semana, viernes, sábados y domingos, alguna vez ocurren en días de semana, pero no permiten el acceso de abogados, contadores, economistas, asesores del comerciante y menos la llegada de los directivos de la Cámara de Comercio”.
