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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

No hay respuestas claras. Ya ha pasado un año desde que iniciaron los despidos en 15 empresas adscritas al ministerio de Alimentación, y que en Carabobo suman 800 afectados que esperan aún se haga efectivo el reenganche que les han prometido.

Cuatro directores regionales han pasado por la Inspectoría del Trabajo en la entidad desde que comenzó esta historia. Ninguno ha firmado la providencia que ordena a las compañías respectivas a ejecutar la reversión de la medida de cesanteo. La mañana de este lunes tampoco hubo respuestas positivas, y parte de quienes están desempleados decidieron protestar en las puertas.

Se trata de trabajadores de firmas estatales como Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario, Industrias Diana, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agroindustriales (CASA), y el Centro de Almacenes Congelados (Cealco), quienes sufrieron durante todo el año de despidos masivos, ejecutados desde el Gobierno con el argumento de un proceso de reestructuración del ministerio, que ha costado los puestos laborales de ocho mil personas en todo el país.

Gelvis Durán, secretario general del sindicato de Cealco en Carabobo denunció que a pesar de que la Ley Orgánica del Trabajo derogó la tercerización en el año 2015, el despacho a través la mantiene. “Las personas despedidas son sustituidas por otras pero bajo la figura de contratos o convenios que están al margen de los beneficios establecidos en la Constitución y el régimen laboral venezolano”. Pidió a las autoridades nacionales un pronunciamiento al respecto ya que se trata de padres y madres cuya situación laboral es una incertidumbre.

Cealco fue una empresa privada que pasó a formar parte del Estado en marzo del 2008 adquirida por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), que en ese momento actuaba como filial de Pdvsa. En el 2014 la empresa fue adscrita directamente al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

En la Inspectoría del Trabajo en Valencia, se han hecho llegar cada una de las 800 denuncias.  “Pero ha quedado claro que no pueden atender las necesidades de los trabajadores pero sí pasar sobre nosotros e incumplir las leyes”.




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