Luego de las ponencias ante el Senado de Francia por parte del ex prisionero político Lorent Saleh, el abogado ante la Corte Penal Internacional, Juan Carlos Gutiérrez, la representante de la Asamblea Nacional en Francia, Isadora Zubillaga, esa cámara encomendó al senador Olivier Cadic y a su grupo, promover una propuesta de resolución para fortalecer las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo contra los responsables de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.

De acuerdo a un trabajo publicado en El Universal, la propuesta, que será discutida una vez que el Senado reanude sus sesiones, va de conformidad con la Constitución de Francia, y busca apoyar a los Estados signatarios de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el periodo 2014-2017.
Además, la proposición destaca el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportes de Amnistía Internacional de 2017 y 2018, el informe de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y DDHH en Venezuela, el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, remitido ante la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con Naciones Unidas, 94% de la población venezolana vive en la pobreza, lo que ha originado un éxodo masivo que se estima para 2020 en alrededor de 8 millones de venezolanos.
Por otra parte, según la ONG Cáritas Venezuela, 300 mil niños están en riesgo de morir de hambre. Adicionalmente, el país está experimentando un aumento de 70% en la mortalidad materna y 30% en la mortalidad infantil; mientras que 12% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición.
También resaltan la violencia y la persecución como políticas de Estado. Amnistía Internacional señala que, entre 2016 y 2017, más de 6515 personas fueron ejecutadas por la policía en el marco de la campaña de las OLP (Operación Liberación y Protección del Pueblo). Asimismo, desde 2014, 14 mil personas han sido detenidas por motivos políticos, de las cuales más de 850 siguen en prisión.
Solo en el primer trimestre de 2019, hubo 6211 manifestaciones, unas 69 manifestaciones por día, con un número de víctimas elevado para ese mismo periodo: 51 manifestantes fueron asesinados por la policía o los grupos irregulares llamados colectivos. A este contexto se suman las denuncias sobre corrupción, que de acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional da cuenta de 393 mil millones de euros en activos procedentes de corrupción surgidos en Venezuela durante 20 años de chavismo.
Cabe señalar que el pasado 18 de julio el Parlamento Europeo, en sesión plenaria,aprobó con 455 votos a favor una resolución sobre la situación en Venezuela en la que se reconoce y condena la profunda crisis humanitaria que se vive en el país además de respaldar al gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Asimismo señalaron al gobierno de Nicolás Maduro como responsable de estos “crímenes atroces que se cometen contra la población”.
Por tal motivo, en dicha resolución se solicitó al Consejo Europeo imponer nuevas sanciones a las autoridades “de facto” venezolanas responsables de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, restringiendo los movimientos de dichas personas e inmovilizando sus activos y sus visados, así como los de sus parientes más cercanos.
En este sentido, por los esfuerzos realizados por alzar la voz sobre la situación de Venezuela, se ha logrado impulsar esta propuesta de resolución en el Senado de Francia para reforzar las sanciones aplicadas por la Unión Europea, solicitar a las autoridades francesas que vigilen de los fondos de los sancionados y sus familias, además de posibles vínculos con el narcotráfico y terrorismo, y pedir al Estado francés que se una a los países signatarios del expediente remitido a la CPI, a fin de garantizar que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean condenados.
Con información de El Universal



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