(Foto EFE).
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48 personas han sido asesinadas en el contexto de la represión del Estado contra las protestas en rechazo al golpe de Estado y por elecciones libres, sin contar a 12 personas que perecieron el 20 de abril durante un saqueo en Caracas. La mayoría de las víctimas, 90 por ciento, perdió la vida tras la activación del Plan Zamora.

En los primeros días de manifestaciones, entre el primero y el 18 de abril, fueron asesinadas 5 personas, 10 por ciento del total de las víctimas. Para ese momento, la GNB y policías respondían a las manifestaciones bajo sus parámetros habituales de actuación de orden público. El promedio de víctimas mortales fue de una cada 3,6 días.

Las 5 víctimas se registraron en protestas nocturnas en urbanizaciones y hay 3 imputados, por cuatro de esas víctimas, un PNB y 2 policías de Carabobo, 14 órdenes de captura contra funcionarios de la GNB, y un civil presentado en tribunales.

En la noche del 18 de abril, sin que la opinión pública ni los órganos de control ciudadano de la FANB contarán, ni cuenten todavía, con un documento escrito que explique en qué consiste; Nicolás Maduro anunció la activación del Plan Zamora en su fase I para repeler la protesta.

Lo documentado por las ONG, parece indicar que el Plan Zamora es la incorporación de diferentes cuerpos de seguridad y civiles al mando de la GNB para tareas de orden público y contención de protestas.

Desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo, 28 días, un total de 27 personas murieron, casi una al día en promedio. El total de víctimas de ese lapso equivale a 56 por ciento de todos los fallecidos hasta ayer.

22 de las víctimas fueron baleadas, la mayoría -nueve- en la cabeza. Además, 13 de las muertes ocurrieron en los horarios de represión de las marchas opositoras, es decir, mañana y tarde. El resto murió en la noche durante manifestaciones espontáneas en urbanizaciones.

13 personas han sido imputadas o presentadas a tribunales por la muerte de 8 ciudadanos en la primera fase del Plan Zamora: 3 GNB, 3 policías de Táchira, un policía de Carabobo, un policía de Sucre, que no estaba en funciones de orden público y 5 civiles.

A partir del 17 de mayo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció que el Plan Zamora pasaba a fase II. Desde ese día hasta ayer, 10 días, 16 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión. La cifra equivale a 34 por ciento del total de las víctimas. En esta fase han muerto 1,6 personas por día en promedio.

La mayoría de las víctimas pereció por disparo de arma de fuego: 9 en el pecho y 4 en la cabeza. Al menos 7 fallecieron en la tarde y otros 4 en la noche. 3 policías de Bolívar y 3 civiles han sido imputados o presentados ante tribunales por la muerte de 2 manifestantes y un Policía de Carabobo.

Enemigo interno.

Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, denunció que el gobierno ha movido a los cuerpos de seguridad bajo el principio de “enemigo interno”. “Venden a militares y policías la idea de que la oposición no es pacífica y su protesta no es por elecciones ni por democracia. Catalogan a los manifestantes de terroristas y enemigos. Eso es muy grave porque bajo esa lógica, la GNB y demás cuerpos de seguridad están combatiendo a un enemigo y no a civiles desarmados que exigen un derecho” argumentó Rendón.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, tilda la acción gubernamental de terrorismo de Estado. “Es una OLP contra toda la población con un solo propósito, aplastar la protesta y reducir la voluntad de la gente de manifestar. Lo de San Antonio, la semana pasada, son métodos de conflicto armado internacional: ocupación militar de una zona, asedio, detenciones masivas, encapuchados apuntando con armas largas a detenidos que caminan en fila como si de combatientes se tratara” acusó San Miguel.

GNB envía jueza a prisión.
Una jueza fue enviada a prisión por funcionarios de la GNB poco después de haber liberado a 13 estudiantes detenidos en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunció Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, durante la denominada “marcha de los libertadores”. “La GNB tomó a la fuerza el Tribunal 3° de Control, dirigido por la jueza Idalia Meléndez, a la que se llevaron junto con los jóvenes a los que ya se les había dado libertad plena” explicó el mandatario regional y especificó que el suceso ocurrió el jueves en la tarde, obteniendo la información tras reunión con vecinos de los Altos Mirandinos, quienes le contaron las irregularidades cometidas por cuerpos de seguridad del Estado en esas localidades durante los últimos días y posterior a las manifestaciones opositoras.

Detenidos irán a Ramo Verde.
Cinco jóvenes detenidos en La Boyera fueron enviados a la cárcel militar de Ramo Verde, luego de ser acusados por supuestamente atentar contra la estructura del Centro Internacional de Educación y Desarrollo de Pdvsa. Los imputaron de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la FANB.

Los estudiantes fueron identificados como Charles Torbay, Daniela Mejías, Junniomar López Herrera, Pedro Sánchez y Franco Urbina.

El hecho ocurrió el 22 de mayo en la frontera entre La Tahona y La Boyera; GNB y civiles armados dispararon contra las personas que se encontraban en los alrededores de la institución. Uno de los jóvenes recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo.

El Nacional.




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