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La Fiscalía formalizó la acusación contra Machado por un pregunto “plan magnicida”. (Foto EFE)

EFE

María Corina Machado comenzó el miércoles una nueva cruzada judicial acusada de “conspiración” por un supuesto plan para asesinar al presidente, Nicolás Maduro, un delito por el que podría ser condenada a 16 años de prisión.

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía formalizó la acusación contra Machado, por presuntamente estar involucrada en el supuesto plan magnicida que incluía a varios opositores y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.

El Ministerio Público señaló en un comunicado que la fiscal Katherine Harington imputó a Machado por “el delito de conspiración, establecido y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.

La exdiputada fue acusada “por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país”, dice el texto.

Este delito establece que “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”.

Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria, Ricardo Emilio Koesling, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli y Robert Alonso, quienes están fuera del país.

“Si creen que con amenazas con chantajes, con presiones nos van a acallar, se equivocan, no tengo miedo no podemos tener miedo, somos una enorme mayoría que quiere un cambio profundo”, aseveró.

El abogado encargado de su defensa, Tomás Arias, explico a Efe que en esta ocasión “no se le dictó ninguna medida adicional que restrinja su libertad” distinta a la que ya pesa sobre ella por imputaciones anteriores.

Machado ya había declarado en junio durante más de seis horas por este mismo delito, citada por la Fiscalía, en esa oportunidad, en calidad de testigo.

Por otra parte, ya había sido acusada el pasado 18 de junio por el delito de “instigación pública”, por su supuesta participación en la violencia de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en febrero y que acabaron en junio con más de 40 muertos. Con esa acusación fue dictada la prohibición de salida del país que tiene en la actualidad.




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