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EFE

El
Parlamento aprobó este jueves

con los votos de la mayoría opositora, un
acuerdo que exhorta al Estado al cumplimiento de las decisiones de organismos
internacionales de derechos humanos,
referidas a los opositores presos y
otros asuntos relacionados con la libertad de expresión.

El acuerdo, entre otras exigencias, exhorta
a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado “a cumplir y ejecutar
de forma inmediata decisiones
, resoluciones, informes, opiniones, medidas o
actos dictados por organismos
internacionales de protección de derechos humanos”,
señala el texto.

La bancada oficialista votó en contra del acuerdo y afirmó que este viola las
normas básicas del derecho internacional público, al interferir con el
principio de la no injerencia en asuntos internos de los países, según dijo en
el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.

El texto aprobado exhorta al Estado a
cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre
detenciones arbitrarias de la ONU que instaron a poner en libertad al opositor
Leopoldo López,
condenado a casi 14 años de prisión por la violencia
desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó
con la muerte de tres personas.

Asimismo, el documento pide cumplir la
recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal
Daniel Ceballos,
detenido en su residencia bajo arresto domiciliario,
acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa
marcha y que acabaron con 43 muertos.

También llama a responder un
requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde
metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma,
también arrestado en su
residencia pero, en este caso, acusado de “conspirar” contra el
Gobierno de Nicolás Maduro.

El acuerdo parlamentario incluye cumplir
con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas
protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla
, quien fue elegido
diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión.

El acuerdo parlamentario solicita además garantizar la autonomía e
independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María
Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la
ONU.




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