calificó de arbitraria e ilegal la deportación. (Foto Twitter)
Gabriela Espinoza F. || gespinoza@el-carabobeno.com
Tras las deportaciones de sus compañeros por parte del Gobierno de Colombia, el subdirector de la ONG “Operación Libertad”, Alfonso Caro, solicitó asilo político en esa nación para evitar ser expulsado.
La petición la realizó luego de que este miércoles entrara en vigencia el salvoconducto que se le concedió en ese país por cinco días. Posterior a este lapso debe ratificar su solicitud de asilo para que le amplíen este permiso por 90 días mientras se gestiona el trámite. “Ya estamos tramitando lo que es el asilo político, ahora estoy protegido por el Gobierno y lo que sea que me ocurra es responsabilidad del Gobierno de Colombia”, dijo el joven según medios neogranadinos.
Desde Colombia, Alfonso Caro explicó a El Carabobeño que pese a que el 12 de julio llegó a ese país, fue el 1º de septiembre que oficializó su entrada a la nación, y se le entregó una visa de turista por 90 días. “Esto lo hice para estar legal y mantener mis papeles en orden”.
Caro estudiará la posibilidad de interponer una tutela para que el Gobierno no lo expulse, como lo recomendó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, luego que deportaran a los integrantes de la ONG Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, el pasado jueves. Cuatro días después el Tribunal Tercero de Control del estado Carabobo ordenó privativa de libertad para ambos y les anuló la medida cautelar dictada en 2010.
Aunque aseveró no tener contacto con Uribe, el joven precisó que ha recibido mensajes de él por medio de su cuenta en Twitter en solidaridad a estos casos. Hoy en día diversos jóvenes y adultos que conforman Operación Libertad, se encuentran en Colombia para defender los derechos humanos y libertades, y negó que hayan sido amedrentados.
Alfonso Caro calificó de arbitraria e ilegal la deportación de sus compañeros. Considera que el gobierno debió notificar a los expulsados que tenían un determinado tiempo para salir del país y no entregarlos de la manera que lo hicieron.
Esta medida violó el tratado de Ginebra y convenios internacionales, como el artículo 22 de la convención americana de derechos humanos, específicamente en el párrafo 8, en el que se establece que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o libertad personal este en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social, o de sus opiniones políticas”.
Pese a esta escenario, Alfonso Caro confía que los gobiernos colombiano y venezolano respetarán sus derechos. Además cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia.
