Después de que el gobernador del estado Táchira, José
Gregorio Vielma Mora, informara sobre la llegada de alimentos colombianos a la
ciudad de Caracas durante este fin de semana para apoyar el abastecimiento de
productos de primera necesidad en el país, dirigentes políticos y gremiales en
el área fronteriza alertaron que se está poniendo en jaque a la producción
nacional, además de que se estaría frente a una devaluación mayor del bolívar.
El representante de la Cámara de Comercio de San Antonio del
Táchira y expresidente de Fedecámaras en la entidad, José Rozo, indicó que de
acuerdo con la ley y trámites en materia de permisología y aranceles en
Venezuela, este tipo de importaciones son competencia de la Presidencia de la
República y el organismo autorizado para ello es el Ministerio de Finanzas,
delegando funciones en el Seniat, por ser el ente rector de las normas
aduaneras, por lo que no deberían estar a cargo de un gobernador de estado.
“Vemos cómo el Gobierno, de una manera contraria a lo que
establecen las normas, está introduciendo a diestra y siniestra bienes de
manera ilegal, que además demuestran dos cosas: que en Venezuela de verdad hay
una crisis humanitaria, y que buscan suplantar a los sectores económicos
independientes con una clara competencia desleal”, explicó.
Rozo le exigió al Ejecutivo que esas excepciones que están
otorgando, tanto de impuestos como de trámites aduaneros y de permisología, que
se requieren para la importación de productos alimenticios y de higiene
personal –y que además necesitan de certificados sanitarios e inspecciones para
su introducción, para que conste que son de libre consumo–, se les den también
a los particulares, porque eso ayudaría a disminuir el alto costo de la vida, a
llenar los anaqueles y a autoabastecer al país en el final del año 2016.
El expresidente de Fedecámaras alertó que esta medida
continuará destruyendo el valor del bolívar ante el peso colombiano, porque
está seguro que estas importaciones masivas las están pagando en bolívares. “La
moneda en la frontera se rige por la oferta y la demanda, cuando hay saturación
de bolívares en el mercado, su precio frente al peso baja”, agregó.
Destacó que el traslado de estos alimentos colombianos
también ha generado la comisión de delitos morales, en visto de que se estaría
introduciendo mercadería por puntos fronterizos no habilitados por la aduana,
es decir, por trochas.
Precios superarán dólar
paralelo
Por su parte, Franklin Duarte, diputado a la Asamblea
Nacional por la frontera tachirense, advirtió que el gobernador Vielma Mora
venderá esos productos a precios que están por encima del dólar paralelo, por
lo que los costos de los alimentos colombianos en Caracas serán elevados y no
ajustados al sueldo del venezolano.
“Que el Presidente de la República le responda al país de qué
manera y por qué vía legal están llevando este contrabando. Están violando
todas las leyes, porque están desviando todos los impuestos que debieran
cancelar por la importación. Se pagan y se dan el vuelto”, expresó.
Afirmó Duarte que estos negocios se realizan en complicidad
entre el Jefe de Estado, el Gobernador del Táchira, el Ministro de Alimentación
y el ministro Padrino López, encargado de controlar las importaciones
alimenticias.
“Se necesita producir”
Para el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar,
importar alimentos colombianos sin las normas arancelarias le traerá mayores
problemas económicos al país, por lo que considera que la medida inmediata debe
ser retomar la producción nacional y acabar con las trabas que se le colocan en
las alcabalas a quienes aún siguen produciendo.
Destacó que a los transportistas de hortalizas que viajan del
Táchira a 200 municipios de Venezuela les ponen límites en cada punto de
control, mientras que el hampa los persigue para robarlos. “Para ellos no hay
protección y son los que llevan los alimentos que consumen miles de
venezolanos”, indicó.
Considera Aguilar que vender alimentos colombianos en la
capital venezolana es un negocio de algunas autoridades “con un grupito de
amigos”.
Desde hace aproximadamente dos meses, en el Pabellón Colombia
del Complejo Ferial de San Cristóbal, el Gobierno regional comenzó a vender
alimentos y productos de primera necesidad a precios más elevados de los que se
consiguen en Colombia; la medida generó cuestionamientos de voceros gremiales y
de oposición, quienes se preguntan por dónde pasa la mercancía y a dónde va el
dinero percibido. (LSN)
Con información de El
Pitazo.
