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José Leonardo Olavarría V. 

Amnistía Internacional hizo un llamado a la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero a tomar medidas “urgentes” para la protección de los Derechos Humanos en Venezuela. 

“En los últimos años, la protección y promoción
de los derechos humanos garantizados tanto por la Constitución de 1999, como
por los instrumentos de derechos humanos de los que Venezuela es un Estado parte, se han deteriorado progresivamente”
, reza el comunicado, en el que se exhorta a tomar medidas para revertir la situación. 

La organización además exigió al nuevo parlamento adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la libertad inmediata de los llamados presos de conciencia, así como de cualquier persona que enfrente cargos motivados por asuntos políticos. 

También pidieron fortalecer el sistema judicial, garantizar su “independencia e impunidad para poner fin a los altos índices de impunidad”. 

Lea el comunicado completo aquí: 

Amnistía Internacional hace un llamado a la recientemente elegida
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que ejercerá sus
funciones a partir del 5 de enero de 2016, a que tome medidas urgentes para
garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas
sin discriminación alguna. 

En los últimos años, la protección y promoción de los derechos
humanos garantizados tanto por la Constitución de 1999, como por los
instrumentos de derechos humanos de los que Venezuela es un  Estado parte,
se han deteriorado progresivamente, y las instituciones que sustentan el estado
de derecho han visto gravemente mermada su independencia e imparcialidad. La
nueva Asamblea Nacional debe tomar medidas concretas  para revertir
prontamente esta situación.

Amnistía Internacional insta a los representantes del nuevo Poder
Legislativo a poner nuevamente los derechos humanos al frente de la agenda
política. Para ello es necesario que el nuevo Parlamento requiera con urgencia
al Estado venezolano revertir la denuncia de la Convención Americana de
Derechos Humanos formulada en septiembre de 2012, adhiriéndose nuevamente a
ella y admitiendo otra vez la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, es indispensable que el Estado venezolano proteja y
apoye la labor de las y los defensores de derechos humanos y que priorice en
las decisiones que tome a los sectores más vulnerables y tradicionalmente
marginados de la sociedad, como las personas de escasos recursos, las mujeres,
las niñas y niños, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
Intersexuales (LGBTI) y los pueblos indígenas.

La Asamblea Nacional debe asimismo adoptar  todas las
medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los
presos de conciencia, y de cualquier persona que enfrente procesos judiciales
basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en
evidencias sólidas y fehacientes. 

Es asimismo fundamental que el Poder Legislativo dé prioridad
al fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo estado de
derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los
altos índices de impunidad que existen en el país y se garantice  el
derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y a una reparación
adecuada.

La Asamblea Nacional debe velar además por que se garantice
la rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado ante instancias
nacionales y supranacionales. Promoviendo la transparencia y asegurando el
derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, a la
tierra, a la libertad de expresión, reunión y asociación, al acceso a la
información pública y a todo el conjunto de derechos humanos se
 garantizará que todas las personas puedan vivir con dignidad.

Los altos índices de violencia y criminalidad en el país
hacen necesario también que el nuevo Parlamento  priorice la toma de
medidas para dar respuesta a esta situación, controlando las armas y
municiones, y asegurando al mismo tiempo que la actuación y entrenamiento de
los cuerpos de seguridad del Estado se adecue a los estándares internacionales
de derechos humanos de uso de la fuerza.

Los nuevos representantes del Poder Legislativo  deben
tomar medidas urgentes y decisivas para dar respuesta a los grandes retos que
afronta el país, creando puentes y vías de diálogo.  Amnistía
Internacional espera que en la búsqueda de soluciones el recientemente elegido
Parlamento  priorice el fortalecimiento de las instituciones que sustentan
el estado de derecho y garantice que todas las personas puedan ejercer sus
derechos humanos sin discriminación alguna.  




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