Abogado Lucio Herrera Gubaira. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Alfredo Fermín || afermin@el-carabobeno.com
El abogado constitucionalista Lucio Herrera Gubaira considera que después de la aplicación de las captahuellas para comprar alimentos, lo único que le falta al Gobierno nacional es enviar inspectores a los hogares, para que informen lo que hay en las neveras o en las despensas de las amas de casa, para ponerlas presas.
Para el exvicepresidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco), con la aplicación de la biometría el Ejecutivo nacional continúa demostrando su incapacidad para cumplir con el artículo 117 de la Constitución, el cual indica que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, y de información no engañosa sobre el contenido y características de los productos que consume.
El mismo artículo constitucional contempla los mecanismos para garantizar esos derechos, normas de control de calidad, cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de éstos derechos.
Hemos llegado a una sociedad desagradable, de persecución, en la que el ciudadano tiene que ser identificado para todos los actos normales de su vida, sostuvo el abogado. “Esto es el resultado de que el modelo económico, aplicado por el socialismo del siglo XXI, ha fracasado porque no fue capaz de crear situaciones favorables a la inversión, para que los ciudadanos se organicen y establezcan mecanismos seguros de abastecimiento con cadenas que funcionan para producir alimentos”.
Herrera Gubaira observó que el Gobierno no reconoce sus propios errores sino que se los imputa a terceros. “Como sucede en este caso en el que se le asignan responsabilidades a todos los ciudadanos del desa-bastecimiento, cuando la responsabilidad es suya por haber agotado las divisas que debió administrar con prudencia”.
Con la aplicación de la biometría la situación se complicará mucho más, porque las colas ya no solo serán para comprar pollo, harina Pan, azúcar, leche o aceite sino otros bienes de primera necesidad, indicó el abogado. “Es una situación que traerá más complicaciones que beneficios, porque el Gobierno no puede considerar que todos los ciudadanos son potenciales delincuentes que deben ser revisados e identificados. Esto es inconstitucional y denigrante de la condición humana de quienes quieren vivir en una sociedad de libertades”.
“Deberían instalar “cazahuellas” en Cadivi, Pdvsa y el BCV”
El alcalde metropolitano de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, propuso la instalación de “cazahuellas” para Cadivi, Pdvsa y el Banco Central, ante la medida del Gobierno de someter a los venezolanos a más sistemas de controles como el biométrico.
En nota publicada por ElUniversal.com, Ledezma afirmó que el Ejecutivo debe también implementar máquinas en cinco puntos gubernamentales, que son los que manejan la economía venezolana. “Qué bueno hubiera sido contar con esas maquinitas captahuellas en las oficinas de Cadivi, para saber quiénes fueron los afortunados que se sacaron ese premio gordo de la revolución”.
Sistema biométrico regirá desde el 30 de noviembre
Los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30 de noviembre el sistema biométrico o de captahuellas dactilares, con el cual el Gobierno nacional busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.Méndez anunció además que próximamente se van a marcar todos los productos con la etiqueta de Precio de Venta Justo (PVJ), equivalente a lo que antes era el PVP para evitar la especulación. El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio, y así evitar que una persona compre hasta 20 veces más de lo que necesite, sostuvo el funcionario.El pasado miércoles, el presidente Nicolás Maduro dijo que su decisión de instalar un sistema biométrico o de captahuellas en las tiendas públicas y privadas constituye una orden ya dada a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.
