EFE

La Asamblea Nacional (AN) se declaró este martes en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de que éste declarara la nulidad de todos los actos del Legislativo por el desconocimiento a una sentencia anterior, azuzando la crisis institucional en Venezuela.

Una sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal declaró que resultan «inconstitucionales» y, por ende, «absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica», los actos del Parlamento, «mientras se mantenga (el) desacato» a la Sala Electoral del TSJ.

La decisión provocó la reacción del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, que respondió con reciprocidad, asegurando que el Poder Legislativo desconoce también al Poder Judicial.

Ramos Allup señaló que la AN considera que el Poder Judicial carece de legitimidad al haber sido nombrado por el chavismo en un procedimiento que, asegura la oposición, fue irregular.

La Sala Constitucional «no tiene legitimidad de origen, ni legitimidad de desempeño», aseguró Ramos Allup durante una sesión del Parlamento, e indicó a los demás diputados que no van a acatar «ninguna decisión del TSJ, ni de ningún poder que viole la Constitución».

Los opositores sostienen que los magistrados que integran la Sala Constitucional fueron nombrados de forma irregular en el periodo anterior, cuando los chavistas ejercían el control de la Cámara, en una sesión relámpago días antes de abandonar el poder tras la contundente victoria de los opositores en las legislativas.

Por su parte, el Supremo sostiene que la AN se puso al margen de la ley al desconocer una sentencia en la que ordenaba la suspensión de la proclamación de cuatro diputados (tres opositores y un chavista) como medida cautelar a una investigación por supuestas irregularidades en su elección.

La junta directiva de la AN, sin embargo, decidió juramentar a los tres diputados opositores de la representación indígena.

Estos tres opositores forman parte de los 112 que fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre y que dieron a la oposición venezolana la mayoría calificada de dos tercios en la AN por primera vez en tres quinquenios y a la que la oposición se niega a renunciar.

El grupo se redujo a 109 una vez que el chavismo alegara fraude en el proceso de votación y presentara un recurso de impugnación contra varios diputados opositores pese a haber firmado dos acuerdos con los que se comprometía a aceptar los resultados, pero volvió al número inicial tras el desconocimiento de la decisión del TSJ.

Desde que los opositores tomaron el control del Poder Legislativo, el TSJ ha declarado nulos, inconstitucionales, o inaplicables, casi todos los instrumentos que se han aprobado en el pleno.

«Revisen el número de sentencias que ha dictado la Sala Constitucional desde que nos instalamos y se conseguirán con que prácticamente lo único que hace es dictar sentencia contra las decisiones de la AN», declaró Ramos Allup a periodistas poco después de la sesión.

«Ningún órgano del Poder Público ni individual ni colectivo puede acatar ningún acto que sea inconstitucional, y las decisiones de que ha tomado la Sala Constitucional que es un poder írrito (nulo) (…) no puede ser acatadas», remarcó.




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