EFE
La Asamblea Nacional (AN) tomó este jueves la primera medida a favor de lo que la oposición considera «presos políticos», al aprobar, con los votos de la mayoría opositora, un acuerdo que insta al Estado a acatar las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos referidas a opositores presos.
La medida fue rechazada, como era previsto, por la bancada chavista del Parlamento, que afirmó que este acuerdo viola «las normas básicas del derecho internacional público», al interferir con el principio de la «no injerencia en asuntos internos de los países».
El acuerdo se refiere a las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Venezuela no forma parte desde septiembre de 2013, o de organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias o el Comité de Derechos Humanos.
El acuerdo, entre otras exigencias, exhorta a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado «a cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos», señala el texto.
El texto aprobado exhorta al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que instó a poner en libertad a Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa marcha y que acabaron con 43 muertos.
También llama a responder un requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de «conspirar» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, solicita garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Afiuni está siendo procesada por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño -procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales-, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
Organismos internacionales de DDHH, entre ellos Amnistía Internacional (AI), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una «indebida interferencia política» por parte del Ejecutivo.
La fracción opositora, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene previsto debatir además en pocos días una ley de «amnistía y reconciliación» con la que pretenden otorgar la libertad a los opositores encarcelados.
