Los usuarios piden que se mejore el servicio. (Foto Héctor Freile)

El artículo 108 de la Ley de Transporte Terrestre indica que los usuarios tienen derecho a un servicio de buena calidad. ¿Cuándo se obtendrá? Es una pregunta que sigue sin respuesta.

Luis Felipe Hernández

Samuel Arteaga es ingeniero civil. Viaja en un autobús camino a su gremio. El grito de la parada ya lo tiene mentalizado mientras planea cómo caminar entre el tumulto de pasajeros. Le despierta las ganas de tomar un taxi, pero están muy caros, reacciona. “Esto no vale ni diez bolívares”.

“Publicado en Gaceta Extraordinaria nuevo aumento de pasaje”, lee Arteaga en el periódico de un anciano. Es la número 6.172 del 12 de febrero. El ministerio de Transporte Terrestre y el de Comercio oficializaron en ese entonces 40% de alza tarifaria dentro del territorio nacional desde el 2 de marzo en rutas interurbanas (regionales) y suburbanas (municipales).

En Valencia el nuevo valor del pasaje entró en vigencia el 1º de abril, dos meses después. Ahora la tarifa es 15 bolívares, 50% más que lo que se pagaba. Los tarifarios llegaron apenas esta semana.

¿Los nuevos costos mejorarán los servicios? pregunta la ciudadanía en cada aumento. Según los artículos 143, 144, y 145 de la Ley de Transporte Terrestre, las autoridades municipales deben regular y publicar las nuevas tarifas de prestadores del servicio con vehículos colectivos, en sus modalidades de alta, media y baja capacidad al principio de cada año (trimestre).

Ineficacias

Música a altos decibeles, incumplimiento de rutas, maltrato a estudiantes, ancianos y negligencia al conducir o unidades en pésimas condiciones conforman la rutina en el universo de los buses. Según datos de Tránsito Terrestre en el 2014 y lo que va de 2015 ha habido más de 500 accidentes. “Que incrementen el pasaje, pero que mejoren”, sentencia Julieta Parra.

El estudiante universitario Jesús Conde fue golpeado al enseñar su ticket mientras ingresaba al autobús. El chofer detuvo la unidad: la violencia tomó forma. El acto quedó impune, a pesar que pudo ser denunciado al 0-800-IAMTT.

El tiempo de funcionamiento para un autobús es de 15 años. Pero con tan solo salir a la calle pueden apreciarse unidades con más de 20 años o más. Las unidades en Valencia son mayormente viejas: 34% tienen entre 15 y 20 años y 42% suman 15. Las menores son el resto, y apenas 3% son nuevas.

Justificaciones

La bandera argumentativa del gremio es simplista pero costosa: las unidades de transporte público no son baratas. Su presidente nacional, Erick Zuleta, mantiene que la carencia de neumáticos, parabrisas, parachoques, entre otros, apuñala los bolsillos. Pues los precios al momento de adquirirlos con esfuerzo son exacerbados. “Las tarifas en cualquier ciudad del país no representan los costos reales. Un caucho me sale casi en 10 mil bolívares”.

Comprar un nuevo autobús es pagar dos millones 400 mil bolívares tomando en cuenta el seguro e IVA (243 mil). El aporte inicial es de 9 mil bolívares, asegura Alfonso. “En 2008, Fontur dejó de aprobar créditos para nuevas unidades”.

Para el jefe estadal del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Gilberto Ceballos, la culpa de la escasez es la especulación y reventa de repuestos.

En Dato

– 40% de alza tarifaria dentro del territorio nacional se oficializó desde el 2 de marzo en rutas interurbanas y suburbanas.

– Según la Ley de Transporte Terrestre las autoridades oficializan el aumento al principio de cada año.

Apatía, matriz del abuso y deficiencia del servicio


(Foto Andrews Abreu)

En un autobús de 32 puestos entra casi el doble de pasajeros a pesar de que su estructura no lo permita. Cuando incurre alguna irregularidad como esta, solo dos personas reclaman mientras el resto observa con miedo, silencio, apatía y hasta rechazo. El sociólogo Pavel Oropeza considera que esa conducta se llama desesperanza aprendida. “¿Para qué exigir si nada va a cambiar? es lo que se preguntan los ciudadanos”. Es un acto mental en el individuo cuando el hecho social genera una frustración profunda y ya no lucha, agrega.

Directores municipales en materia de transporte como Carlos Ramos (Valencia) y Wilfredo Miranda (San Diego) manifiestan que las instituciones abren sus puertas para recibir denuncias. Coinciden en que los ciudadanos no lo hacen sino solo critican. Ellos tienen sus razones y no se les señala pero hay que tener voluntad, opina Miranda.En esos municipios no se tiene un registro fidedigno de denuncias pero las más frecuentes son: maltrato a estudiantes y contaminación sónica. Estamos brindando charlas para atacar ese problema, informa Ramos. El protagonista de esta historia (ciudadano de a pie) utiliza el transporte público como medio de movilización. Su derecho es exigir pero también colaborar para avanzar hacia un sistema de calidad, moderno y ecológico que brinde un mejor vivir.




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