AFP
Varias tiendas fueron tomadas sorpresivamente este jueves por autoridades venezolanas para fiscalizar el cumplimiento de una medida que limita la ganancia de la actividad comercial.
Mientras inspectores auditaban los primeros comercios, el vicepresidente, Jorge Arreaza, anunciaba la activación del «comando nacional de precios justos», que supervisará las medidas.
Un almacén de ropa y calzado fue clausurado temporalmente por fiscales de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) en Cumaná, luego de que los dueños entregaran «información falsa e insuficiente», según un boletín del organismo.
«Cerrado hasta nuevo aviso por ajuste de precio, gracias», rezaba un pequeño cartel pegado en la puerta de una tienda de ropa en un centro comercial del este de Caracas, hasta donde también llegaron los inspectores del Sundde, comprobó un reportero de la AFP.
En los exteriores del local esperaban varios clientes, uno de los cuales señalaba una camisa de 40 mil bolívares (200 dólares a la tasa de cambio destinada a las importaciones no prioritarias).
«¿Cuándo podría comprarme una camisa de esas?», se preguntaba el hombre. En Venezuela, donde el Gobierno monopoliza las divisas, rigen 3 tipos de cambio de los cuales el más bajo, de 6,30 bolívares por dólar, aplica solo para la compra de alimentos.
Frente a este se encuentra el llamado dólar paralelo, y el Gobierno admite que en ocasiones los comerciantes lo toman como referencia para ajustar los costos, lo que debilita la capacidad de compra en un país con un salario mínimo de 9 mil 522 bolívares.
«Creen que nos vamos a dejar engañar. Igual hay que votar contra el Gobierno», zanjó una mujer mayor, aludiendo a la cercanía de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que según encuestas podrían representar un avance importante para la oposición.
Las medidas que endurecen el control de precios determinan que los productores conserven su 30% de utilidad; la de los importadores bajará 10 puntos, al 20%.
De ese modo, los productos vendrán ahora marcados por el productor o el importador, salvo los de los bienes básicos que serán fijados por la Sundde.
Arreaza, quien dirige el comando que velará para que su cumpla el decreto con el apoyo de los militares, reiteró que las disposiciones estipulan un aumento de la multas económicas y las penas de cárcel, aunque no precisó su alcance.
Actualmente la «ley de precios justos» fija de 8 a 10 años de cárcel para la especulación y el acaparamiento de mercancías, y la confiscación de bienes.
