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Solo uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora, ha sido identificado. (Foto Archivo/EFE)

EFE

Este lunes se cumplen cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes en México, un tiempo en que el Gobierno no ha podido resolver numerosas incógnitas en torno al caso.

Su versión de lo ocurrido no convence a la sociedad, que sigue reclamando saber qué pasó.

Por ello, las calles se llenarán una vez más en varias marchas en lugares como la capital mexicana, donde los ciudadanos están convocados a las 10.00 hora local (16.00 GMT) en sitios ubicados en los cuatro puntos cardinales para marchar hacia el Zócalo (plaza principal), donde se efectuará un mitin unas nueve horas después.

Esta protesta estará encabezada por los padres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes no han parado de luchar estos meses y no han perdido la esperanza de hallar a sus hijos con vida.

Pese a las escasas posibilidades de encontrarlos vivos, exigen que continúe la búsqueda y ellos mismos la llevan a cabo cada día, con sus propios medios, recorriendo pueblos y montañas, especialmente los alrededores de Iguala, en el estado de Guerrero, donde el pasado 26 de septiembre desaparecieron sus hijos.

Se resisten a creer la versión oficial ofrecida por la fiscalía mexicana en noviembre, construida a partir del testimonio de detenidos, miembros del cártel Guerreros Unidos, que aseguraron que habían quemado a los jóvenes en un basurero del municipio de Cocula para luego tirar las cenizas a un río cercano.

Este municipio está a pocos kilómetros de Iguala, donde los estudiantes habían acudido a realizar una colecta para sus actividades la noche del 26 de septiembre y fueron atacados por policías municipales, con un saldo de seis muertos, tres de ellos normalistas.

La orden del ataque la dio el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para impedir que los estudiantes llegaran a un acto encabezado por su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ambos están considerados autores intelectuales de la desaparición y están detenidos junto con otras 96 personas.

A partir de los restos encontrados en el río en una bolsa de basura, solo uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora, ha sido identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria).

La semana pasada los forenses austríacos confirmaron que no habían logrado identificar 16 restos calcinados que se cree pueden corresponder a los estudiantes, por lo que recurrirán a otra técnica que puede tardar meses y destruir por completo el material.

Esta hipótesis es la principal que maneja la fiscalía mexicana, pero los padres no acaban de creerla y han sido varios los científicos que se han atrevido a estudiar el caso y concluir que no es posible técnicamente que los estudiantes fueran quemados durante horas en aquel lugar, sin apenas dejar rastro.

Por ello exigen que se abran otras líneas de investigación, en particular una sobre el papel que jugó el Ejército aquella noche violenta.

Los familiares también han solicitado al Gobierno que les permita buscar a los jóvenes en cuarteles militares, lo que ya fue aceptado, aunque las autoridades rechazan tajantemente la participación de las fuerzas federales.

Mientras no haya una prueba científica e irrefutable de que fueron asesinados, los padres aseguran que van a continuar con la búsqueda.

También han levantado la voz organizaciones civiles como Amnistía Internacional, que pide que se exploren “exhaustivamente todas las líneas de investigación”, ya que la versión ofrecida por el fiscal Jesús Murillo está “lejos de ser concluyente”.

Haciendo un análisis del caso, en una entrevista con Efe, la directora para América de AI, Erika Guevara, dijo que “el daño que esto ha generado en el tejido social de las comunidades” y el “clamor social” es tal, que “México tiene que cambiar”.

“Ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”, agregó.

El problema es que este no es un caso aislado, sino reflejo de lo que pasa en muchas otras zonas de un país en el que, según datos oficiales, han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y han desaparecido al menos 23.000.




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