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Maduro dijo que Venezuela y Brasil pretenden “dinamizar” sus relaciones. (Foto EFE)

EFE

Brasil ayudará a Venezuela en sus planes de industrialización, según afirmó este viernes el presidente Nicolás Maduro, después de una reunión bilateral con su homóloga Dilma Rousseff un día después de la ceremonia de investidura de la mandataria brasileña.

En declaraciones a periodistas, Maduro dijo que Venezuela y Brasil pretenden “dinamizar” sus relaciones a todos los niveles y principalmente en el ámbito de las inversiones y de la cooperación industrial, tecnológica, agrícola, agroalimentaria y farmacéutica.

“Ya estamos articulados en bastante profundidad para plantearnos un proceso de industrialización de mayor nivel tecnológico, de mayor nivel de inversión, en el marco del Mercosur y de la relación bilateral con Brasil”, manifestó Maduro.

El líder venezolano aseguró que trató con Rousseff de la baja del precio del petróleo, lo que crea problemas a Venezuela, pues la economía el país caribeño está muy centrada en la extracción y exportación de crudo.

En ese sentido, citó el programa económico de cara a 2015 que anunció el pasado martes y con el que pretende sacar a Venezuela de la recesión.

Maduro sostuvo que pretende aprovechar la baja del petróleo para “motivar a todo un país” para asumir su plan de recuperación, diversificar la economía venezolana y vencer la “guerra económica” que su país está enfrentando.

En la reunión con Rousseff, que duró cerca de media hora, los mandatarios también acordaron retomar las reuniones bilaterales de periodicidad trimestral que mantenían sus respectivos predecesores, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el venezolano Hugo Chávez, pero que fueron interrumpidas en los últimos años.

En el plano político, Maduro agradeció a Rousseff la “solidaridad” que mostró Brasil al condenar las sanciones que Estados Unidos impuso a altos funcionarios venezolanos, según una nota de rechazo a esa medida que fue emitida el jueves por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Las sanciones forman parte de la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, sancionada por el presidente Barack Obama el pasado diciembre, que prevé la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a un grupo de funcionarios venezolanos.

Estos funcionarios han sido señalados por Estados Unidos como responsables de violar derechos humanos en la represión de la ola de protestas antigubernamentales que vivió Venezuela los primeros meses de 2014 y que dejaron más de 40 muertos.




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