También se pide a Venezuela que proteja al represenrante legal del FPV. (Foto Archivo)

EFE

La CIDH dictó medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares por considerar que están en riesgo “su vida e integridad personal”, informó el organismo en un comunicado.

Las medidas fueron solicitadas el 6 de mayo de 2013 por la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que aúna a más de mil activistas y cien abogados venezolanos y que ha ejercido como defensa en juicios a disidentes o ha presentado ante la Justicia presuntos casos de tortura contra manifestantes.

La CIDH instó, además, a Venezuela a que informe sobre las acciones desarrolladas para investigar el presunto hostigamiento y violencia del que fueron víctimas los solicitantes a fin de evitar la repetición de estas actitudes.

Las medidas pretenden proteger al director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, al que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de ser parte de un plan de desestabilización y recibir, junto a otras organizaciones, financiación exterior para la conspiración contra el Gobierno, según recoge la resolución.

También se pide a Venezuela que proteja a Luis Betancourt, representante legal de FPV, que denunció haber sido seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y haber tenido que recibir un día en su casa a cinco supuestos funcionarios de orden público armados.

La última receptora de las medidas es Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del estado Táchira, que denunció haber sido retenida y golpeada fuertemente en la cabeza, en los senos y luego por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.

Además, la Comisión hace referencia a unas “alocuciones estigmatizantes” por parte de altos funcionarios del Estado, que habrían acusado a la organización “de ser un grupo fascista, de no ser una ONG sino un partido político que entorpece las averiguaciones, que está mintiendo al país”.

Esas medidas cautelares son las segundas que adopta la CIDH en relación con Venezuela desde 2011, y el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene ahora 10 días para informar al organismo sobre la adopción de las medidas solicitadas. La primera fue a principios de marzo a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carrero.




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