La delegación del Gobierno de México fue recibida con abucheos. (Foto Archivo)
EFE
La CIDH pidió al Gobierno de México más avances en la localización de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero) en septiembre y aseguró que evaluará una propuesta para ayudar a la creación de un grupo de asistencia técnica que apoye la búsqueda de los jóvenes.
Cada una de las cinco audiencias sobre México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó menciones a la desaparición, el pasado 26 de septiembre, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural (dedicada a la formación de maestros) de Ayotzinapa, en Iguala.
La mesa reservada a organizaciones solicitantes de las audiencias permaneció decorada con un cartel que rezaba «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», delante de varios activistas con carteles que apuntaban a la responsabilidad del Gobierno de México en los hechos.
«Fue – el – Estado – Justicia – Búsqueda – Verdad – Nunca – Más», rezaban las pancartas sostenidas por ocho defensores de derechos durante un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes que fallecieron el mismo 26 de septiembre.
La delegación del Gobierno de México, que fue recibida con abucheos por un grupo de manifestantes a su llegada a la sede de la CIDH, también recordó en cada una de las audiencias a los jóvenes.
«El Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas», garantizó la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón.
«Nadie esconde la gravedad de lo que ha ocurrido tanto en Tlatlaya como en Iguala, pero nunca habría visto usted hace apenas unos años una respuesta tan contundente del Gobierno y de la sociedad», añadió, en una entrevista con Efe, el subsecretario para Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.
Esas garantías no evitaron que la CIDH, que a comienzos de este mes otorgó medidas cautelares para reclamar una búsqueda urgente y eficaz de los estudiantes, apuntara a la falta de avances hasta ahora en el objetivo que ansían las familias de los desaparecidos.
«La pregunta es ¿cuántos estudiantes han aparecido? Se han hecho acciones, se reconocen y se validan, pero creo que es más importante subrayar que la expectativa de los padres es encontrar a los jóvenes con vida», señaló el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
El titular de la comisión opinó que «hay elementos de extraordinaria gravedad que conectan lo que hoy está sucediendo con el sexenio anterior», ya que el fenómeno de las desapariciones forzadas en México «no es nuevo» y ya «ha roto el tejido social».
Por la tarde, representantes de dos organizaciones que apoyan a los familiares de los desaparecidos mantuvieron un encuentro privado en Washington con funcionarios mexicanos y miembros de la CIDH.
Las dos organizaciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y el Centro Prodh, acordaron reunirse este viernes con funcionarios de México para cerrar y presentar a la Comisión una propuesta conjunta sobre el tipo de asistencia técnica que podría aportar ese organismo en la búsqueda de los jóvenes.
«Está probándose que el Estado es incapaz de buscarlos con vida ahorita, entonces que se alleguen de todas las herramientas necesarias para buscarlos con vida», indicó a Efe María Luisa Aguilar, del centro «Tlachinollan».
El objetivo es que la Comisión estudie la propuesta «en los próximos días» y decida si accede a nombrar un grupo de peritos que puedan ayudar en las tareas de búsqueda de los estudiantes, en el que podría haber representantes de agencias internacionales como Naciones Unidas, según adelantó Icaza a periodistas.
En otras dos audiencias, varias organizaciones denunciaron que la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos «supera el 98 %» en México y que hay una creciente «criminalización de la protesta social», tanto en el caso de periodistas como de defensores de derechos humanos.
Por otra parte, Estados Unidos y los centros de detención de inmigrantes volvieron a estar presentes durante otra audiencia de la CIDH, en la que un indocumentado retenido en el país norteamericano contó la «humillante» experiencia que vivió durante tres años en centros de Alabama y Luisiana.
Honduras, la pobreza extrema y la violencia fueron otros de los protagonistas de la jornada, en la que la CIDH expresó su preocupación por los 114.500 «niños invisibles» de la región del Bajo Aguán, sumergida en un conflicto agrario.
Este jueves el Defensor del Pueblo de Bolivia también denunció ante la CIDH la muerte violenta de 32 cadetes en el Ejército en los últimos tres años.
