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Maduro se refirió a la caricatura de Bozzone durante su visita al estado Miranda. (Foto Captura)

EFE

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) alertó este martes sobre la censura y los ataques a los que se enfrentan los caricaturistas en muchos países del mundo, incluidos Venezuela y Ecuador.

En un amplio informe publicado este martes, el CPJ, con sede en Nueva York, repasa la situación de los dibujantes satíricos, amenazados en algunos casos por extremistas como los que atentaron contra el semanario francés Charlie Hebdo y en otros por Gobiernos y líderes políticos.

“Debido a que la labor de los caricaturistas tiene la capacidad de trascender fronteras e idiomas, así como simplificar situaciones políticas complejas, las amenazas que enfrentan los caricaturistas de todo el mundo (…) superan con mucho el extremismo islámico”, señala el documento.

El texto, elaborado por el responsable de la organización para el sudeste asiático, Shawn W. Crispin, repasa varios casos emblemáticos del acoso al que se enfrentan los dibujantes en países como Malasia, Siria y Sudáfrica, con procesos judiciales impulsados por las autoridades, amenazas y violencia.

El CPJ también incluye casos en los que los medios de comunicación parecen haber cedido a las presiones del Gobierno y pone como ejemplo lo ocurrido a la caricaturista Rayma Suprani en Venezuela, despedida de El Universal después de publicar una imagen utilizando la firma del difunto presidente Hugo Chávez.

Según dijo Suprani al CPJ, que apunta varios despidos desde que el periódico cambió de propietarios en 2014, el dibujo molestó porque “desmontaba toda una iconografía sagrada que el Gobierno quiere vender a los venezolanos”.

El informe también incluye el caso del caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla, conocido como Bonil, que según la organización se enfrentó a la censura gubernamental por sus caricaturas del Ejecutivo de Rafael Correa.

El CPJ documentó cómo la Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo estatal que monitorea el contenido de los medios, dictaminó en 2014 que Bonil debía “rectificar” una caricatura que hacía alusión a un allanamiento policial contra la casa de un periodista que investigaba una demanda gubernamental contra la empresa de energía Chevron.

A su periódico, El Universo, le aplicaron una multa equivalente a un porcentaje de sus ingresos trimestrales, una suma de aproximadamente 95.000 dólares, añade el documento.

Según el CPJ, las redes sociales han aumentado en los últimos años la visibilidad y el alcance de las caricaturas y, con ello, los riesgos para sus autores.




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