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El 90% de su cartera de clientes era de origen colombiano. (Foto Archivo/El Carabobeño)

Dayrí Blanco

Los números que manejan las casas de cambio en Venezuela no son nada alentadores. Contabilizan siete meses facturando solo 5% de lo que usualmente ingresaba a sus cajas. Se han perdido mil puestos de empleos de los mil 800 que tenían en sus nóminas. Y las 156 oficinas que existen en el país están en riesgo inminente de desaparecer. Todo indica que el gremio se ha ido al piso desde que los gobiernos de Venezuela y Colombia decidieron suspender el envío de remesas familiares.

El 7 de febrero comenzó el padecimiento de estas empresas. Ese día se publicó la providencia 126 como consecuencia de una reunión binacional entre los cancilleres Elías Jaua y María Ángela Holguín, en la que se acordó la cancelación temporal de las operaciones hacia Colombia, mientras se llegaba a un sistema de compensación entre los bancos centrales de ambos países.

César Atencio, presidente de la Asociación de Casa de Cambio de Venezuela, explicó que antes de la puesta en marcha de esa medida, las 13 compañías del sector atendían a 175 mil clientes cada mes, lo que representaba alrededor de 70 millones de dólares que les aprobaba el Estado cada 30 días para el negocio de las remesas familiares. El 90% de su cartera de clientes era de origen colombiano, quienes desde ese momento no cuentan con un sistema legal de envío de efectivo a su país de origen.

La razón de esta decisión binacional es la de atacar el arbitraje cambiario que se hacía en la frontera. Había personas que poseían la documentación reglamentaria, lograban obtener las divisas que eran enviadas a Colombia, las traían de vuelta a Venezuela y las vendían en el mercado negro.

Ante la lentitud del sistema de compensación que aún establecen los bancos centrales de las dos naciones, la Asociación de Casas de Cambio presentó propuestas al Gobierno que no han sido tomadas en cuenta, como la instalación de captahuellas en las oficinas fronterizas; enviar el dinero a través de transferencias bancarias; y cruzar las datas que manejan tanto el Cencoex como la Cancillería colombiana para atacar ese grupo de personas que hacían arbitraje cambiario.

Así han pasado los meses, todas las casas de cambio del país están en patrimonio negativo. Los accionistas se han visto obligados a poner dinero propio para seguir cumpliendo compromisos laborales con sus empleados. Pero el cierre definitivo pudiera estar muy cerca.

Por ahora están a la espera del permiso del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas, que les permita operar a tasa Sicad II, tras la aprobación el 4 de abril del convenio cambiario 28, que establece que podrán hacer compra y venta de divisas a personas naturales, pero no trabajarían con precio preferencial de 6,3 bolívares, sino a 50 por dólar.

De hacerse efectiva esta medida, podrán también ofrecer sus servicios a figuras naturales y menudeos, que son operaciones de mil dólares como tope máximo que realizan los bancos. Además, tendrían para ellos a precio Sicad II el mercado turista que actualmente puede cambiar a tres tasas de cambio: “en nuestras oficinas a 6,30 bolívares, en un banco del Estado a 50 bolívares, y al paralelo a tasa de 70 bolívares. Eso no tiene sentido. Ningún turista va a ir a una casa de cambio si puede obtener más en la banca pública”.




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