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La decisión podría tener “profundas consecuencias para el sistema financiero internacional” (Foto EFE)

EFE

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de obligar Argentina a pagar la deuda y los intereses detentados por fondos buitres demuestra la importancia de dotarse de leyes, reglas y directrices sobre la reestructuración de deuda soberana, abogó este miércoles la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

A mediados de mes, el Tribunal Supremo estadounidense rechazó una apelación argentina y dejó en firme una sentencia del juez Thomas Griesa que ordena a Argentina pagar a los fondos litigantes tenedores de deuda no reestructurada 1.300 millones de dólares que, con intereses, suma 1.500 millones.

“En este contexto caótico, la formulación de normas y principios globales y armoniosos que guíen las reestructuraciones ha devenido de vital importancia”, reza un comunicado de la UNCTAD.

El texto recuerda que la UNCTAD ha abogado desde larga data porque se elabore un mecanismo de guía a las reestructuraciones, y anuncia que está actualmente trabajando en un “proyecto”.

La UNCTAD considera que la crisis provocada por los “fondos buitres” contra Argentina “amenaza con tener profundas consecuencias para todos el sistema financiero internacional”.

“Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 16 de junio de declinar la apelación Argentina contra la decisión que le obliga a pagar 1.330 millones de dólares, resuena más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos”.

La UNCTAD considera que el hecho de que se permita entregar información privilegiada a estos fondos sobre el patrimonio que Argentina ostenta en todo el mundo “podría provocar que se dieran otros casos similares de interpretaciones en base a leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña o otras”.

La agencia de Naciones Unidas considera que la decisión podría tener “profundas consecuencias para el sistema financiero internacional” y provocar que las reestructuraciones de deuda sean aún más difíciles “al forzar a las instituciones de servicios financieros a proveer información confidencial que podría erosionar la inmunidad soberana”, concluye.




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