(Foto Archivo El Carabobeño)
Dayrí Blanco
Una contradicción jurídica enfrentan los colegios privados del país. Sus representantes insisten en que son prestadores de un servicio público. No ejercen actividad mercantil. Por eso piden al Ejecutivo la revisión y aclaratoria de la Ley de Precios Justos que, por una disposición repentina, obliga a las instituciones educativas a inscribirse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae). Trámite con el que se pretende acabar con la educación privada.
Al hacer referencia al artículo 102 de la Constitución, María Teresa Hernández de Curiel, presidenta de la Cámara Venezolana de Educación Privada (Cavep) fue tajante al asegurar que la nueva exigencia es parte de una persecución casi implacable cada vez más estricta que busca la desaparición de los planteles que cobran matrícula.
A su juicio, la inscripción en el Rupdae está dirigida a quienes fabrican productos. “Nosotros lo que hacemos es formar ciudadanos. Tenemos que definir qué somos. Según las leyes somos un servicio público”. Resaltó que la resolución 114 establece una estructura a seguir que deja a un lado una cantidad de valores agregados importantes al sistema de enseñanza. Esto bajará la calidad educativa.
