Los
gobiernos de Centroamérica están alimentando una crisis de refugiados
cada vez más intensa al no abordar la violencia desenfrenada y los
altísimos índices de homicidio de El Salvador, Guatemala y Honduras, que
están obligando a cientos de miles de personas a huir. Así lo ha
manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados explora
la manera en que los tres países están eludiendo proteger a la gente
frente a la violencia. También los responsabiliza de no establecer un
plan integral de protección para las personas deportadas a las que
países como México y Estados Unidos obligan a regresar a situaciones que
amenazan su vida.
“El
Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas
de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que
millones de personas viven con el terror constante a lo que los miembros
de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles a ella o
a sus seres queridos», dijo Salil Shetty, secretario general de
Amnistía Internacional.
“Estos millones de personas son ahora las protagonistas de una de las crisis de refugiados menos visibles del mundo”.
“Aunque
países como México y Estados Unidos están eludiendo por completo su
responsabilidad de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de
asilo procedentes de Centroamérica, ya es hora de que las autoridades de
El Salvador, Guatemala y Honduras reconozcan su papel en la crisis y
tomen medidas para abordar los problemas que obligan a estas personas a
abandonar sus hogares.”
“Millones
de personas centroamericanas se encuentran en un callejón sin salida,
víctimas de países que no cumplen con su responsabilidad de
proporcionarles la protección internacional que necesitan, y de la falta
absoluta de capacidad y de voluntad de sus propios gobiernos para
mantenerlas a salvo del más trágico de los finales.”
Una violencia que bate récords
Los
índices de homicidio en El Salvador han aumentado espectacularmente en
los últimos tres años, a medida que la gente se va viendo cada vez más
atrapada en las despiadadas luchas entre maras rivales que intentan
imponer su control sobre el territorio.
Los índices de homicidio en Guatemala y Honduras también se encuentran entre los más altos del mundo.
La
ONU ha clasificado a El Salvador como uno de los países más mortales
del mundo fuera de una zona de guerra, con más de 108 homicidios por
cada 100.000 habitantes en 2015.
En Honduras, el índice fue de 63,75 y en Guatemala de 34,99 por cada 100.000 habitantes.
Los
jóvenes son los más afectados por la violencia: más de la mitad de las
víctimas de homicidio en los tres países en 2015 era menor de 30 años.
Los
hombres jóvenes a menudo se unen a las maras bajo coacción, mientras
que las mujeres se ven obligadas a convertirse en “novias” de los
miembros de las maras y suelen sufrir abusos sexuales.
Los
propietarios de comercios y los chóferes de autobús son sometidos
habitualmente a extorsión para hacerles pagar “impuestos” a las maras
que controlan su zona. Quienes no cumplen las estrictas normas de
conducta no escritas suelen convertirse en víctimas de abusos u
homicidios.
Muchos
niños y niñas de los tres países dijeron a Amnistía Internacional que
habían abandonado la escuela por temor a los miembros de las maras, y
ahora tenían que pasar todo el día en casa.
Según
se ha informado, el Ministerio de Educación de El Salvador ha declarado
que 39.000 estudiantes dejaron la escuela a causa del acoso o las
amenazas de las maras en 2015: el triple que en 2014 (13.000). El
sindicato de maestros ha dicho que cree que la cifra real podría superar
los 100.000.
En
algunos casos, los adolescentes sufren el acoso y los ataques de las
fuerzas de seguridad, que los acusan de pertenecer a una mara.
Andrés,
de 16 años, (nombre ficticio) vive oculto en El Salvador tras haber
sido detenido en mayo por las fuerzas de seguridad. Según su relato a
Amnistía Internacional, lo torturaron para hacerle confesar que había
participado en un tiroteo y que había actuado de vigilante para las
maras, en lo que parece un intento desesperado de mostrar que las
autoridades están tratando de hacer frente a los alarmantes niveles de
delincuencia violenta en el país.
Según
contó, los soldados le arrojaron botellas de agua en la boca y la
nariz, le metieron la cabeza en un charco, le llenaron la boca de arena,
le saltaron sobre el estómago y luego le propinaron patadas y puñetazos
y lo amenazaron con matarlo a menos que confesara.
Su madre denunció ante las autoridades el trato sufrido por su hijo, y se ha abierto una investigación.
Andrés
ahora se traslada constantemente de una casa a otra, pues tiene miedo
de que los hombres que lo sometieron a esos abusos lo encuentren, y está
desesperado por salir del país.
Sin protección
La
implacable violencia ha provocado un repentino aumento de las
solicitudes de asilo de ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica en
México, Estados Unidos y otros países, hasta alcanzar niveles que no se
habían vuelto a ver desde que, hace décadas, terminaron los conflictos
armados de la región.
Según
la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
número de solicitudes de asilo de personas procedentes de los tres
países se ha multiplicado por más de seis en los últimos cinco años,
especialmente en los países vecinos y en Estados Unidos.
Sin
embargo, pese a los abrumadores indicios de que muchos solicitantes de
asilo se enfrentan a violencia extrema y, posiblemente, a la muerte si
no se les concede su solicitud, las deportaciones desde México, Estados
Unidos y otros lugares se han incrementado. El número de personas de
Guatemala, Honduras y El Salvador deportadas desde México aumentó casi
un 180 por ciento entre 2010 y 2015.
Devuelto a casa para que te maten
Para
Saúl es demasiado tarde. Este hombre, de 35 años y padre de cinco
hijos, fue asesinado en su Honduras natal menos de tres semanas después
de haber sido enviado de vuelta a casa desde México en julio de 2016
cuando se le denegó su solicitud de asilo.
Saúl,
chófer de autobús –una de las profesiones más peligrosas de Honduras a
causa del control que las maras ejercen sobre el sector–, huyó del país
en noviembre de 2015 tras haber sobrevivido a un tiroteo junto con sus
dos hijos, que resultaron heridos de gravedad. La policía no hizo
seguimiento de su denuncia ni le ofreció protección.
Cuando
Amnistía Internacional habló con él en julio, sus últimas palabras
fueron: “me parece que va a volver a pasar algo, pues, entiende, quizá a
mí”.
Su esposa y sus hijos viven ahora aterrorizados por lo que pueda sucederles.
Las
autoridades gubernamentales de El Salvador, Honduras y Guatemala no
pudieron confirmar a Amnistía Internacional de qué manera se van a
utilizar para ayudar a las personas deportadas cuya vida corre peligro
los 750 millones de dólares estadounidenses destinados a la región como
parte del Plan de la Alianza para la de Prosperidad respaldado por
Estados Unidos. El plan tiene como objetivo abordar las causas
fundamentales de la migración para frenar el flujo migratorio y proteger
a quienes son deportados.
El
Salvador, Honduras y Guatemala han establecido centros oficiales de
recepción para las personas deportadas. Estas personas tienen que
someterse a una breve entrevista en la que un funcionario o funcionaria
de migración les pregunta sobre los abusos que hayan podido sufrir
durante el viaje. Rara vez se les pregunta por la violencia de la que
huyeron en su propio país o sobre las necesidades de protección que
puedan tener.
“Los
programas de recepción para personas deportadas son una broma de mal
gusto. Un edificio reluciente, una comida caliente y una pancarta de
bienvenida no mantendrán a estas personas a salvo de los horrores que
les aguardan en casa”, ha manifestado Salil Shetty.
“En
lugar de eso, lo que hace falta es una iniciativa eficaz en toda la
región para invertir la ayuda internacional que reciben en abordar las
causas que impulsan a tanta gente a huir desesperada de sus hogares.”
“A
menos que los líderes centroamericanos aborden los alarmantes niveles
de violencia en sus países, la región corre peligro de sumergirse de
nuevo en sus épocas más sombrías. En lugar de negar tozudamente que la
gente está huyendo de la violencia, quienes ocupan el poder deberían
centrar sus esfuerzos en tratar de encontrar soluciones a ese problema».
La crisis de refugiados de Centroamérica en cifras
Población
6,1 millones de personas – población de El Salvador
16,3 millones de personas – población de Guatemala
8 millones de personas – población de Honduras
Violencia endémica
17.522
– personas víctimas de homicidio en El Salvador, Guatemala y Honduras
en 2015. La mitad eran menores de 30 años (Instituto de Medicina Legal,
Sistema Estadístico, Política en Línea e Instituto Nacional de Ciencias
Forenses)
108/100.000 habitantes – índice de homicidio en El Salvador en 2015 (Instituto de Medicina Legal)
63/100.000 habitantes – índice de homicidio en Honduras in 2015 (Observatorio de la Violencia)
35/100.000 habitantes – índice de homicidio en Guatemala en 2015 (Instituto Nacional de Ciencias Forenses)
4,35/100.000 habitantes – índice de homicidio en Estados Unidos en 2015 (Programa de Informes Uniformes de Delincuencia del FBI)
Desesperados por marcharse
597
% – incremento del número de solicitudes de asilo presentadas en todo
el mundo por personas de El Salvador, Honduras y Guatemala entre 2010 y
2015. 48.000 personas de estos países pidieron asilo en otros países en
2015, el doble de la cifra de 2014 (ACNUR).
Devueltos sin el debido procedimiento
231 % – incremento del número de deportaciones de México a El Salvador, entre 2010 y 2015 (Secretaría de Gobernación, México).
145 % – incremento del número de deportaciones de México a Honduras entre 2010 y 2015 (Secretaría de Gobernación, México).
188 % – incremento del número de deportaciones de México a Guatemala entre 2010 y 2015 (Secretaría de Gobernación, México).
Nota de prensa.
