(Foto Archivo)
EFE
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, cifró en 135 millones de dólares el monto de unas operaciones ilegales de comercio con Venezuela por medio del uso indebido del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba).
Chiriboga, en declaraciones a la televisión pública Ecuador-TV, señaló que este tipo de operaciones se investigan desde 2013 y dijo que hay «muchas» empresas involucradas en el delito, aunque no precisó cuáles para proteger las indagaciones.
Algunos de esos procesos tienen que ver con lavado de activos y transacciones ficticias entre empresas venezolanas y ecuatorianas con el uso indebido del Sucre, un sistema de unidad de cuenta común que reemplaza las operaciones comerciales habitualmente efectuadas en dólares.
Chiriboga destacó la colaboración entre las autoridades fiscales de Ecuador y Venezuela para indagar estos casos y dijo que se han detectado operaciones de comercio que ascendían a entre 128 y 130 millones de dólares, pero que sólo se presentaban justificaciones por 3 millones.
Según el fiscal ecuatoriano, «esos 135 millones llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas y fueron re-exportados a EEUU, a Venezuela mismo y a otros paraísos fiscales».
Esa es una «grave violación a la Ley de Lavados de Activos», refirió Chiriboga al destacar que esas investigaciones han permitido establecer mejores controles en el comercio con Venezuela y enfocar el uso del Sucre para el objetivo para el que fue creado por la ALBA, que es el de «facilitar el comercio» en la región.
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del sistema Sucre, algunos relacionados también con lavado de activos y transacciones ficticias entre empresas venezolanas y ecuatorianas.
La Fiscalía, en un informe proporcionado recientemente a Efe, indicó que entre los procesos en los que ha intervenido destaca el caso Coopera, una cooperativa financiera de la ciudad de Cuenca, en el que fueron condenados sus principales directivos, Clemente R. A. y Raúl C.
Según las investigaciones, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través de Coopera, entidad con permiso para operar con el Sucre, se hicieron «84 transacciones inusuales e injustificadas» por 35.372.937 dólares a 12 empresas ecuatorianas ficticias que recibían el dinero desde Venezuela por el supuesto pago de exportaciones de maquinaria e insumos químicos.
Otro caso es el del Banco Territorial, cerrado también por malversación de fondos y en el que se detectaron operaciones irregulares a través del Sucre, luego de que la entidad fuera intervenida.
Un informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía ecuatoriana sostiene que el delito «tuvo relación con las transferencias irregulares» por medio del Sucre, «una vez que la Junta Bancaria ordenó capitalizar la entidad».
La Fiscalía también investiga un caso de varias empresas en Ecuador que se han acogido al sistema Sucre y que, como la compañía Pifogardens, estarían «recibiendo altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones con precios sobrevalorados».
Otro de los casos es Escastell, en el que los imputados, aparentemente, contrataron a unas 200 personas de bajos recursos de una zona marginal de la ciudad de Guayaquil para que figuraran en comprobantes de venta y facturas, para justificar gastos.
Otros dos casos investigados por la Fiscalía, Global Merchandising y Fondo Global de Construcciones, en los que también se indaga el uso irregular del sistema Sucre, se encuentran en procesos de «indagación previa», señala el informe de la Fiscalía.
El fiscal Chiriboga recordó que Ecuador ha impulsado la propuesta de una Corte Penal Internacional en Suramérica para que, entre otras cosas, juzgue casos de lavado de activos y de narcotráfico enmarcados en causas de crimen organizado trasnacional.
Señaló que recientemente participó en talleres sobre esta materia en Argentina, cuyo debate se extenderá a otros países del Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como Colombia, para pulir la propuesta de la Corte Penal de la región.
