EFE
La
desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, estado
mexicano de Guerrero, es para la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) «un expediente abierto», indicó este domingo el organismo, y
exigió que los hechos no queden en la impunidad ni el olvido.
«La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total
esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante
la ley y ante la sociedad», sostuvo la CNDH en un pronunciamiento
divulgado este domingo.
Apuntó que a dos años de ocurridos los
hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron los 43
alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún es asignatura
pendiente su total esclarecimiento.
«Si bien las
investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR,
fiscalía) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes.
En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de
Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación», enfatizó.
Para la CNDH, «lo preponderante es que se conozca la verdad de los
hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las
acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones».
El organismo recordó que en razón de ello ha formulado 57
observaciones y propuestas a diversas autoridades federales, estatales y
municipales.
«Después de un minucioso análisis y revisión de
la información y constancias proporcionadas por dichas autoridades hasta
el pasado 22 de septiembre, debe señalarse que únicamente ocho de ellas
pueden considerarse como totalmente atendidas, mientras que 33 se
encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas»,
abundó.
Por ello, la Comisión hizo un nuevo llamamiento a las
autoridades referidas para que den cumplimiento y desahoguen las
diligencias de investigación y las acciones que derivan de las
observaciones y propuestas que les fueron formuladas.
Asimismo, señaló que estará al tanto del cumplimiento que las
instituciones brinden a las 22 recomendaciones sobre la investigación
que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La CNDH continuará desarrollando su investigación de manera
objetiva, exhaustiva, científica e integral en el ámbito de los derechos
humanos, cuyo objetivo es determinar las violaciones a los derechos
fundamentales cometidas antes, durante y después de los hechos de Iguala
y, una vez concluida, emitirá la determinación de fondo sobre el caso»,
acotó.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de
septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron detenidos por
policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los
mataron e incineraron en el basurero de la localidad aledaña de Cocula.
Varios organismos que han estudiado el caso no aceptan esta narrativa
con el argumento de que proviene de una investigación plagada de
irregularidades, y que ni padres ni compañeros de los estudiantes
aceptan.
Al respecto, la PGR emitió este sábado un
pronunciamiento en que aseguró que «con entera comprensión de la
gravedad de esos hechos y de la importancia que reviste lograr justicia
plena al respecto, se mantiene abierta la investigación para conocer a
plenitud lo ocurrido con los jóvenes estudiantes».
Eso incluye
«la obtención de información suficiente y apta para saber su paradero,
así como para lograr el esclarecimiento total de lo acontecido y se
impongan las sanciones correspondientes a toda persona que sea
responsable».
«En ese sentido, se reafirma la voluntad y
determinación institucional para ampliar y profundizar, tanto como sea
necesario, en las investigaciones y acciones de búsqueda de los jóvenes
normalistas», expuso la dependencia gubernamental.
Añadió que
«los recursos, esfuerzos y energías institucionales se destinan en la
actualidad y en lo siguiente, de manera prioritaria, al desarrollo de
nuevas líneas de investigación, atendiendo en todo momento los
planteamientos, propuestas y peticiones de los familiares de las
víctimas, de la coadyuvancia y de los organismos nacionales e
internacionales» que han dado seguimiento al caso.
«Cualquier
aspecto relacionado con la investigación en el que haya controversia por
diferencias de criterios técnicos, se procurará sea aclarado, en su
momento, mediante los mecanismos legales aplicables. En todo caso, ello
se hará previo acuerdo con los familiares de las víctimas directas»,
puntualizó.
