La representación del Estado venezolano debe responder hoy. (Foto Archivo/El Carabobeño)
EFE
El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas centró buena parte de sus preguntas a la delegación del Estado venezolano sobre las denuncias y señalamientos contra los derechos humanos durante las protestas que iniciaron en febrero.
En la primera jornada de la interpelación, este jueves, a la delegación del Estado venezolano, encabezada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, se vislumbra conocer en detalle los informes correspondientes al periodo 2002 – 2012, en virtud del artículo 19 de la Convención. Desde esa fecha Venezuela no presenta informes.
Diversas organizaciones de la sociedad civil también presentaron informes independientes; Carlos Correa, director de Espacio Público; Calixto Ávila, de Provea, y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), asistieron en representación de la coalición Foro por la Vida, destacó El Universal en su sitio web.
Los miembros del Comité Contra la Tortura solicitaron reiteradamente cifras e información desagregada sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, requerimiento que el país incumple desde 2002.
El danés Jens Modvig, relator para Venezuela, preguntó sobre las denuncias de tortura y tratos crueles durante las manifestaciones del primer semestre de 2014. “Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados con ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico, ni informar a sus familiares”, aseguró Modvig.
El relator pidió precisar el número de personas que han denunciado ser víctimas de violaciones a derechos humanos, y cuántas de éstas han sido investigadas. En este sentido, cuestionó por qué no está detenida la funcionaria de la Guardia del Pueblo que golpeó a Marvinia Jiménez en el estado Carabobo, según destaca la nota de prensa de la UCAB con el resumen de la interpelación.
Modvig también interrogó “cuál es la postura del Gobierno respecto a los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden. ¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”.
Sapana Pradhan-Malla, integrante del Comité, destacó que durante las protestas del primer semestre de 2014 “algunas mujeres detenidas sufrieron acoso sexual y muchas fueron humilladas por ser mujeres”. Pidió conocer las medidas tomadas por el Estado para juzgar a los responsables.
En espera
Sin valorar el fondo de la jornada, a la espera de las respuestas que el Gobierno venezolano ofrezca el viernes a las decenas de cuestiones planteadas por los miembros del Comité, Nuria García, de Amnistía Internacional, destacó la mención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apoyó a la ONU en ese detalle.
La delegación venezolana tendrá este viernes 90 minutos para responder las interrogantes, en una sesión pública en la que también participarán organizaciones de la sociedad civil.
Modvig había preguntado ya a los representantes venezolanos las razones en las que sustentó su decisión de retirarse de la Convención Interamericana, “algo que a todas luces no es una acción progresista”, y les pidió que reconsideren esa decisión.
“Me pareció muy importante que un miembro del Comité pida a Venezuela que reconsidere haber abandonado la Convención. Según las propias estadísticas oficiales, la impunidad es un problema mayor en el país. Con el retiro de la Convención y por lo tanto de la jurisdicción de la Corte, las víctimas tienen una instancia menos a la que recurrir la violación a sus derechos”, aseguró García a Efe.
García recordó que la no aplicación de la jurisdicción se restringe al momento de la retirada efectiva, y no a lo sucedido antes, pero señaló que “tampoco cumplen con las sentencias dictadas con anterioridad”.
Romero en la ONU
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró que “ahora hay un sistema menos al que acudir aunque, en la práctica, antes el Gobierno tampoco cumplía las decisiones de la Corte Interamericana”.
“Ojalá que no ocurra lo mismo con lo que dicte la ONU”, apuntó ese activista.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias decretó que las detenciones del líder de la oposición Leopoldo López y de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fueron arbitrarias y solicitó su excarcelación.
Una opinión que secundó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El Gobierno venezolano no solo ignoró la petición, sino que tildó la petición de “insensatez”, y acusó a los órganos de Naciones Unidas de estar manipulados.
“Es algo tradicional en la Historia, que los gobiernos se escuden en la soberanía nacional como justificación para no acatar resoluciones sobre derechos humanos”, afirmó Romero. Recordó además que el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, dijo durante su intervención que Venezuela es firmante de la Convención, “cuya observancia es obligante”.
“Vamos a ver si eso es verdad. Si la Convención es ‘obligante’, entonces el Gobierno debería acatar las recomendaciones del Comité”, concluyó Romero.
Venezuela se retiró en septiembre de 2013 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), mecanismo que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de acusar al sistema interamericano de justicia de estar manipulado por Estados Unidos.
Presos políticos atacados en las noches
Felice Gaer, de Estados Unidos, consultó sobre las detenciones de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese. “Estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche. La detención en solitario e incomunicado se considera maltrato”, recordó. Cuestionó que, según cifras oficiales, entre 2003 y 2011 solamente 12 funcionarios han sido juzgados por actos de tortura y 127 por causar lesiones. “Esta es una proporción muy pequeña de los más de 9 mil casos de tortura documentados por organizaciones durante el mismo periodo. ¿Cómo combaten la impunidad en Venezuela?”, preguntó. Integrantes de la coalición Foro por la Vida en Ginebra sostuvieron una sesión privada con los miembros del Comité Contra la Tortura, donde presentaron dos informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre 2002 y 2012, y durante el primer semestre de 2014. Denunciaron que la sociedad civil no fue invitada a participar en la elaboración del informe combinado que entregó el Estado.
Tragedia carcelaria en la palestra
Kening Zhang, también relator para Venezuela, preguntó sobre la situación de los centros penitenciarios. Solicitó indicar el número de detenidos en cárceles y retenes, detallando cuántas personas están procesadas y cuántas sentenciadas. El italiano Alessio Bruni calificó como “una tragedia” las condiciones de los centros penitenciarios en Venezuela. Insistió en la necesidad de que se presenten cifras sobre el hacinamiento. Essadia Belmir se refirió a la militarización de la sociedad, especialmente en los programas de seguridad ciudadana. “¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía?”, cuestionó.
