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Cuatro cajas por supermercado tendrán el sistema. (Foto Eduardo Valencia)

Dayrí Blanco

El empresario se acuesta cada noche, y despierta por la mañana con el mismo pensamiento. El negocio que dirige no es el mismo, pese a ser parte de una cadena importante de supermercados en el país, los controles económicos impuestos no dan tregua. Son cada vez más estrictos. Ahora, una inversión no programada sorprendió su planificación presupuestaria del último semestre del año. Deberá pagar 15 mil bolívares, según la experiencia registrada en Zulia, para la instalación de cada captahuellas en las cajas registradoras por las que pasan a diario sus clientes, que desde el 30 de noviembre se someterán a un sistema biométrico de compras. Para él, ese gasto extra se trata de una medida ilegal. La Cámara de Comercio de Valencia lo apoya al catalogarla como una imposición inconstitucional.

Con la preocupación matizando cada una de sus palabras, el encargado de un supermercado perteneciente a una cadena privada, dijo que será una inversión grande que debe hacerse. El Estado debería poner al servicio del empresario ese sistema. No es legal que las pague la empresa privada, pero como ellos hacen la ley imponen lo que quieren, denunció.

Gustavo Sosa Izaguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, expresó tajantemente que se trata de otra intervención más del Gobierno nacional, al que ya no le basta con el control de precios, el de cambio ni el de ganancias, que han causado un gran desequilibrio macroeconómico. Ahora fracturará de forma considerable la estructura de costos de farmacias y supermercados con la nueva imposición.

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