La Audiencia Nacional ha condenado a 24 años y medio de
cárcel a un español nacido en Venezuela por quemar viva en ese país en 2009 a
su novia venezolana, a la que maltrataba y que murió días después de la agresión.
El autor del crimen se fugó tras cometerlo y fue detenido en
España dos años después del suceso.
En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal
condena al acusado, Alejandro Iglesias Zurita, a 23 años de cárcel por un
delito de asesinato con la agravante de parentesco y a un año y seis meses por
malos tratos habituales, así como a que indemnice a los padres de la víctima
con 300.000 euros, además de prohibirle acercarse a ellos a menos de 500 metros
durante 33 años.
La Audiencia Nacional le abrió un procedimiento por este
asesinato al no prosperar su extradición a Venezuela, que reclamó la entrega
del acusado para juzgarle en ese país a raíz de su detención en Santiago de
Compostela (A Coruña) el 14 de junio de 2011.
La entrega finalmente no se produjo, porque la Audiencia
Nacional, al acceder a su extradición, puso como condición que en el plazo de
dos meses las autoridades venezolanas tenían que ofrecer garantías de
reciprocidad y entregar a reclamados españoles, como era el caso en aquellas
fechas del etarra Arturo Cubillas, al que después se sumó José Ignacio de Juana
Chaos.
Los hechos por los que finalmente ha sido condenado en
España ocurrieron en la madrugada del 29 de junio de 2009 en el apartamento que
la víctima, Bárbara Miguel González Camanica, de 26 años, en la ciudad de El
Tigre, en el estado de Anzóategui.
La pareja mantenía una relación sentimental desde 2004 y se
conocieron porque ella trabajaba como secretaria en una empresa, Autos Global,
propiedad del padre del acusado, quien vivía «de forma permanente» en
la República Bolivariana de Venezuela.
El día de la agresión, ella se disponía a romper la relación
con él a causa de los malos tratos que le infligía, lo que desembocó en una
fuerte discusión, y el acusado comenzó a golpearla «repetidamente»
por todo el cuerpo, «mientras ella suplicaba que no la maltratara
más».
Al final, la estampó «fuertemente» contra la pared
«dejándola conmocionada, para acto seguido y con ánimo de acabar con su
vida colocarla boca arriba sobre la cama, vulnerable e indefensa y
completamente desnuda, y tras rociarla con gasolina (…), la prendió fuego,
provocando que ardiera de forma casi inmediata».
Al ver que aún se encontraba con vida, el acusado la
trasladó en su vehículo a una clínica cercana y le dijo al vigilante de
seguridad que no conocía a la víctima, insistiendo en querer abandonar el
lugar, pero el vigilante se lo impidió.
Tras hacerse cargo de los gastos de hospitalización y
quirófano, permaneció en el centro hospitalario lo suficiente para contestar a
las preguntas de los médicos, «obteniendo como única respuesta» que
se había quemado con gasolina «sin especificar más circunstancias» y
respondiendo «de manera contradictoria y con evasivas», según la
sentencia.
Esa actitud sospechosa llevó al personal de la clínica a dar
aviso a la Policía y a cerrar las puertas para evitar la huida del acusado, que
finalmente fue trasladado a dependencias de la Policía Municipal de El Tigre,
en donde por causas que se desconocen y que están siendo investigadas, fue
puesto en libertad.
Aprovechó entonces esta circunstancia para ir con su padre
al apartamento para hacer desaparecer «cuantas huellas y vestigios
incriminatorios» hubiese allí como «la ropa de la víctima, una
cuerda, y cinta adhesiva» que metieron en una bolsa negra de plástico que
fue después hallada en el coche del acusado, que se dio después a la fuga,
abandonando el país por la frontera de Brasil.
La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el
80 % de su cuerpo y tuvo que ser trasladada a la Unidad de Quemados del
Hospital Militar de Caracas el 5 de julio, donde murió «a causa de un
edema cerebral y pulmonar severos, como complicación de las graves
quemaduras». (EFE)
