Reuters
El parlamento venezolano advirtió el jueves a las empresas transnacionales que tienen inversiones en el país o planean hacerlas que desconocerá cualquier contrato de interés nacional que no cuente con su aval.
A mediados de mayo, el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción y emergencia económica que lo faculta, entre otras cosas, a sellar acuerdos sin pasar por el parlamento.
«Vamos a oficiar a todas las embajadas que los únicos contratos con validez serán los revisados por la AN (Asamblea Nacional)», dijo el presidente del congreso, Henry Ramos, un férreo opositor a Maduro.
«Contratos no aprobados por la Asamblea carecerán de vigencia en este y en el próximo Gobierno», agregó el legislador.
Ramos, citando la Constitución, argumentó que ningún decreto del Ejecutivo puede tener mayor alcance legal que la Carta Magna, que expresamente dice que todos los convenios de interés público con Estados, entidades o sociedades extranjeras, deberán ser autorizados por la Asamblea.
El diputado agregó que los diplomáticos a quienes han advertido de manera verbal sobre el riesgo de asumir acuerdos directos con el Ejecutivo han mostrado «preocupación».
«Nos preocupa lo indicado por la AN, pero más aún la falta de pago. El atraso de estos imposibilita la firma de nuevos contratos», dijo a Reuters un ejecutivo de una empresa internacional que pidió no ser identificado.
