EFE
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba afirmó este martes que en su país «todavía impera la justicia» tras la decisión anunciada por el Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, de anular la inhabilidad de 18 años que le impuso la Procuraduría en 2010.
«Lo que acaba de ocurrir en el Consejo de Estado es una demostración de que Colombia tiene problemas de justicia, sí, pero que todavía la justicia impera», señaló Córdoba en una rueda de prensa.
Unas horas antes, el Consejo de Estado anuló la sanción de 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos que pesaba sobre ella por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC.
La Procuraduría falló en 2010 que «la congresista dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados y concedió declaraciones en diferentes actos públicos».
Asimismo, consideró que «colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC».
Las pruebas para el fallo fueron extraídas de los computadores del líder de las FARC Luis Edgar Devia, alias «Raúl Reyes», quien murió en 2008 en una operación militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano.
Córdoba felicitó al Consejo de Estado por la decisión que tomaron y señaló que «es un acto de paz (…) muy importante» al haberse producido «ad portas» de concluir las negociaciones entre el Gobierno y las FARC para encontrar una salida negociada al conflicto.
La exsenadora dijo que optó por tomar la misma actitud que Fidel Castro tras el intento de ocupar el Cuartel Moncada en la ciudad cubana de Santiago, el 26 de julio de 1953, quien tras fracasar dijo: «la historia me absolverá».
«Tomé una decisión como la que tomó Fidel Castro en su momento, ‘la historia me absolverá’, yo no me defendí en ese proceso porque sabía que no tenía garantías, era perder el tiempo, y ahora me voy a defender en el Consejo de Estado», aseveró.
Asimismo, dijo que el proceso la hizo ser «perseguida, insultada y amenazada».
La exparlamentaria también recordó que no puede volver a la actividad política porque le queda «un obstáculo por vencer», otra sanción de catorce años por financiar una campaña política en el departamento del Atlántico (norte).
Sobre esa sanción, señaló que es «mucho más injusta» y agregó que no tiene «ningún interés» de enfrentarse con nadie.
Preguntada acerca de una posible indemnización, Córdoba lo consideró importante puesto que su nombre «ha sido pisoteado», así como su honor y el de su familia.
«Yo solamente soy una luchadora por la paz, por la justicia, por la paz con la justicia social, por la lucha por todo tipo de opresión de discriminación», destacó.
Finalmente, subrayó que fue sancionada durante seis años «por un delito de opinión», ya que pruebas «no había en lo absoluto»
