AFP

La crisis venezolana entró en una nueva etapa de
tensiones, con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a
seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro.

En medio del descontento popular por la creciente
escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de
luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.

El viernes extendió
un decreto de emergencia económica
vigente desde enero, pero
sorpresivamente le añadió el estado de excepción por 3 meses. No descartó
incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.

Aún no se publica el texto de la medida, que suele
restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y
allanamientos sin orden judicial.

Por lo pronto, Maduro
ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira 4 plantas cerveceras de
Polar
, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo
control de cambios.

“Este gobierno actúa de forma autoritaria para
mantenerse en el poder”, dijo este lunes el diputado opositor Tomás
Guanipa, en rueda de prensa.

El gobierno justifica el estado de excepción en un
supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el
país con las mayores reservas petroleras del planeta.

Ante esa “amenaza externa”, ordenó
realizar ejercicios militares el próximo sábado.

El presidente también
fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas
contra la “guerra económica”
, que según él ejecuta la oposición y
empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.

En ese marco, desplegó un plan para el
abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de
precios
a cambio de que algunas industrias eleven la producción.

 

– Estado de
excepción a prueba –

Pero las señales de radicalización van más allá del
mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según
la firma Venebarómetro.

El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el
heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante
un referendo
.

“Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben
que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo
hicieron mal y tercero cometieron fraude”, dijo Istúriz aludiendo a las
firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.

Guanipa
consideró que esa advertencia es una “burla” al pueblo
,
que no detendrá la presión por la consulta.

El estado de excepción se pondrá a prueba el
próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes
del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país para exigir que se cumplan
los plazos para que el revocatorio se haga este año.

“La oposición sabe que la protesta es el único
mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detenerla”, dijo
a la AFP el analista Benigno Alarcón.

Movilizaciones similares fueron bloqueadas el
pasado miércoles por policías y militares, desatándose pequeñas escaramuzas.

El líder opositor Henrique Capriles advirtió sobre
el riesgo de que el gobierno y el CNE “tranquen” la consulta.

Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar.
Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el
revocatorio”, dijo, subrayando que esa es la salida pacífica a la crisis.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
quiere que la consulta se realice este año. Si se la hace después del 10 de
enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro
pierde, el vicepresidente gobernaría los dos restantes.

– ¿Más leña al fuego?

El experimentado titular del Parlamento, Henry
Ramos Allup, denunció que Maduro y la
presidenta del CNE
, Tibisay Lucena, se
reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de
2017
.

Según la firma Datanálisis, 7 de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras
que 97% considera que “su vida ha empeorado”.

Aun cuando la oposición asegura que el estado de
excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno
podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la
MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.

Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la
directiva del Legislativo
por desacato a una modificación del reglamento
interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.

Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya
eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial,
Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y
otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.