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Estefanía Rosales Coronel

17 de octubre de 2014: Luis Uzcátegui fue interceptado, golpeado y amenazado, cerca de su casa en Coro, estado Falcón, por cuatro desconocidos. Entre los atacantes había dos agentes de la policía estatal. Uzcátegui acudió a denunciar la agresión al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas [Cicpc]. Mientras prestaba declaraciones, se dio cuenta de que los agentes policiales que lo habían agredido estaban ahí. El activista de Derechos Humanos permaneció recluido durante 9 horas. No le dijeron por qué y no le permitieron ver a un abogado, ni ponerse en contacto con su familia. 

Uzcátegui es miembro del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público [COPROVIDH], y sospecha que lo acontecido fue una retaliación por sus labores como defensor de los derechos humanos [DD HH], así como lo reseñó el informe de Amnistía Internacional Defender derechos humanos en las Américas: necesario, legítimo y peligroso [2014]. 

“Creo que los defensores de DD HH somos hoy las personas más perseguidas en el país por parte de los diversos aparatos del Estado”, opina el coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. “Tiene que ver con el trabajo que se hace. Aun cuando no estamos inmiscuidos en la política, el gobierno no escucha las recomendaciones y nos expone como activistas políticos y no lo somos”.

La persecución, la intimidación y las agresiones a los activistas en Venezuela se tornan recurrentes y sistemáticas. Un informe enviado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reseña cifras facilitadas por la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, monitoreando entre el 2010 y marzo de 2015, 208 casos de ataques a activistas de estas causas. De este total, 71 casos afectaron a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas; 117 defensores de derechos laborales y 20  defensores del derecho a la tierra. 

“Al poder le resulta mucho más fácil atacarte que sentarse a hablar contigo para ver si es verdad lo que tú estás diciendo”, afirma el fundador y director del Foro Penal Venezolano [FPV], Gonzalo Himiob.

Amenazas e intimidación

“En términos generales, a pesar de algunas dificultades y riesgos, los activistas de DD HH podemos hacer nuestro trabajo. Aún no estamos en los niveles en que no podemos dar declaraciones ni nos cierran las oficinas o tengamos a la Policía detrás de nosotros, aunque hay casos puntuales”, analiza el ex coordinador de Provea y activista, Marino Alvarado.

En los últimos 5 años, el panorama se ha deteriorado progresivamente, evalúa Alvarado. El Informe Anual de Provea 2014, en el apartado sobre la situación de los defensores y defensoras de DD HH, registró 15 casos de ataques contra activistas y ONG y 23 violaciones de los derechos de los activistas. Un tercio de esos ataques corresponden a campañas de desprestigio y otro tercio a amenazas. 

En el país que fue reelegido en 2015 como miembro del Consejo de DD HH de la ONU, criminalizar el trabajo de los activistas se ha convertido en una política de Estado, basada en un discurso de odio que intenta que la población se coloque en contra de los defensores y las ONG; observa el especialista. Agentes del imperialismo, conspiradores, personas que realizan negocios con los derechos humanos. Es el perfil que se ha tratado de crear en torno a los activistas. Pero a pesar de esa campaña de odio, no han podido desvincularlos de las personas que necesitan su protección.

“Atendemos a las víctimas de violaciones de DD HH independientemente de su posición política o posición social. Atendemos chavistas, opositores, militares. La actitud de estas organizaciones es atender a las víctimas”, enfatiza Alvarado. 

Estas retaliaciones no son nuevas, argumenta Carlos Nieto Palma, quien junto a Liliana Ortega, fue uno de los primeros defensores venezolanos a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] otorgó medidas de protección a comienzos del gobierno del presidente Chávez.

La situación se ha tornado más crítica: Solamente en el 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de los integrantes del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y Luis Betancourt; y los miembros de Provea, Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida, Inti Rodríguez y Marino Alvarado; entre otros activistas. 

“Como defensor de DD HH te colocas de frente al Estado, porque le estás reclamando que no está cumpliendo con determinadas políticas; en qué está fallando y en un país como este, en el que el poder tienen tantas sensibilidades a la crítica, esta labor se hizo peligrosa”, concuerda Gonzalo Himiob.

Nadie está a salvo

Carlos Nieto Palma ha recibido amenazas e insultos en la calle por parte de grupos que se identifican con el partido del gobierno. Recuerda una ocasión en el Metro de Caracas, donde un hombre comenzó a ofenderlo y el activista temió que fuera a agredirlo o a lanzarlo por las escaleras mecánicas. Por fortuna no sucedió nada, pero así como su lucha por los DD HH lo ha sometido a situaciones desagradables, sus conocidos temen sufrir episodios similares. 

“Crea temores en tu entorno cercano, tus amigos se cuidan un poco de la relación que puedan tener contigo, tengo cantidades de alumnos que trabajan en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y todos esos muchachos me cuentan cosas y a todos los atacan”, relata con indignación el activista.

Humberto Prado y Marianela Sánchez, miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones han sido intimidados y amenazados en diversas ocasiones. En 2012, el esposo de Marianela Sánchez fue secuestrado, le advirtieron que su esposa dejara de criticar al gobierno o su familia sufriría las consecuencias. En 2011, Humberto Prado recibió una amenaza de muerte anónima después de haber denunciado la situación en la prisión de El Rodeo, tildándosele de mentiroso y agitador. 

Para el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, la intimidación no solamente es una constante para la directiva, también para sus representantes en el interior del país. “A nuestra coordinadora del Táchira, además de que la intimidan constantemente, le metieron presa a su hermana para que ella dejara de hacer sus investigaciones”. Al Foro Penal se le abrió el año pasado una investigación por supuesto terrorismo y traición a la patria, lo cual derivó en la intervención de los teléfonos de la sede, del correo de su director y hasta de sus teléfonos personales. 

Las puertas cerradas

El director del Foro Penal considera que la honestidad, el desinterés, y la no discriminación son esenciales para la defensa integral de los DDHH. “Tienes que entender que cuando le vulneran los derechos humanos a una sola persona, se le vulneran a todos”.

Acompañar a las víctimas, denunciar las violaciones y proponer políticas públicas, es en pocas palabras en lo que se basa el trabajo de las ONG dedicadas al tema de la defensa de los DD HH. Hacer contraloría social para que los Estados cumplan sus obligaciones. “Contradictoriamente, el gobierno que promovió que la gente conociera sus derechos, empezó a reprimir los por reclamarlos”, dice el activista Marino Alvarado.

Además de las campañas de desprestigio, los activistas se enfrentan a otros obstáculos en sus labores como el acceso limitado a las informaciones oficiales y el escaso diálogo con los poderes públicos. 

La ONG que dirige Carlos Nieto Palma, Una Ventana a la Libertad, defiende los derechos de la población penitenciaria. Una labor tan incomprendida por la opinión pública, como obstaculizada por la negativa del gobierno a prestar colaboración. “Tenemos prohibida la entrada a la cárcel, no podemos hacer trabajos dentro de los recintos”. 

Aún así, el equipo de la ONG logra tener acceso a lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios gracias a los reclusos, familiares o incluso, trabajadores que les envían evidencia fotográfica o en video de lo que ocurre. “Las personas que están en las cárceles cuando saben que los estás ayudando son completamente leales. Hacemos públicas esas situaciones que el Estado deseara se mantuvieran en secreto, que nadie lo supiera”.

Existe una política del Estado de cerrarle las puertas a las organizaciones de DD HH, critica Alvarado y comenta que en el caso de Provea, con las únicas instituciones con las que tienen un diálogo fluido son el Ministerio Público y la Fiscalía General, con los que han colaborado en investigaciones de violaciones de DD HH. Con el Ejecutivo Nacional, es nula. “Eso limita el trabajo de las organizaciones porque las propuestas que hacen sobre políticas públicas, prácticamente no tienen a quien exponérselas”.

Las esperanzas

El pasado jueves en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se discutió el Proyecto de Acuerdos de Exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por Organismos Internacionales de Derechos Humanos, propuesto por el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, para pedir que “se respeten los dictámenes que tienen rango constitucional en nuestra Carta Magna”.

El nuevo parlamento llena de optimismo a los activistas por los DD HH. La semana pasada, por primera vez en más de 15 años las víctimas de la persecución política, sus familiares, sus defensores, las ONG tuvieron voz ante un poder público, celebra Himiob. “Tenemos oídos en el Poder que nos escuchan y eso va a cambiar la forma en que se han hecho las cosas en el país desde hace tanto tiempo. Es trascendental, verdaderamente histórico”.

Marino Alvarado aspira a que se imponga el diálogo en el país y la Asamblea Nacional conforme una comisión de DD HH, donde exista cooperación mutua. “Con el cambio que se dio en la AN, nosotros esperamos establecer una relación positiva tanto con los diputados de la oposición como del chavismo”.




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